La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha criticado que Page presuma de defender la unidad de España, cuando gobierna en Castilla-La Mancha con los que apoyan a los independentistas.

Guarinos critica que Page presuma de defender la  unidad de España, cuando gobierna con los que apoyan a los independentistas
Indica que el Gobierno de Page les falta mucha honorabilidad y tiene mucho que aprender

Así se ha pronunciado Guarinos durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, dentro de la Propuesta de Resolución “40 años de Constitución, 40 años de Democracia, 40 años de Libertades”, donde ha señalado que en un día tan importante para nuestro país y para los españoles -ya que hace 40 años se aprobó la Constitución Española en el Congreso y el Senado- el resto de grupos parlamentarios haya rechazado la propuesta de resolución con motivo del 40º aniversario del nacimiento de la Constitución Española.

Asimismo, la dirigente popular ha asegurado que ante que el desafío a la Constitución Española, a La Ley y al Estado de Derecho, existen instrumentos y leyes, como el artículo 155 de la CE, para salvaguardar la unidad de España y la igualdad entre los españoles y todos los territorios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la siguiente propuesta de resolución que ha sido rechazada en el Debate sobre el Estado de la Región.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 7

40 AÑOS DE CONSTITUCIÓN, 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, 40 AÑOS DE LIBERTADES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el presente año se está conmemorando el 40 aniversario de la Constitución y de la democracia española. El 31 de octubre de 1978, tal día como hoy hace 40 años, el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaban en sendas sesiones plenarias el texto constitucional, ratificado por el pueblo español en referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.

Fueron muchos los protagonistas de ese momento histórico, y mucha la nostalgia y la melancolía de una época marcada por el entendimiento y el acuerdo a la hora de hacer lo que convenía y era mejor para España y los españoles.

S.M. el Rey y políticos de muy diferente signo, en ocasiones situados en las antípodas ideológicas, supieron entender que el futuro de España no podía basarse en una nueva división entre españoles, que nos había llevado a la guerra civil primero y a la dictadura después, sino en unas leyes que instaurasen un régimen democrático moderno, consagrasen derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión y diesen cabida a todos los partidos que respetasen dichas leyes independientemente de su ideología.

Fruto de este convencimiento, compartido por la mayoría de la sociedad española que reclamaba un cambio, se alcanzaron acuerdos y se promulgaron leyes tan importantes para avanzar hacia la democracia como:

•       La Ley de la Reforma Política que recibió el apoyo del 94,2% de los sufragios emitidos en el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976.

•       Los denominados “Pactos de la Moncloa” en octubre de 1977 (que incluían el Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), y que fueron suscritos por todas las fuerzas políticas (UCD, PSOE, Partido Comunista, Partido Socialista Popular, Federación Catalana del PSOE, Convergencia Socialista de Cataluña, PNV Convergencia y Unió).

•       Y la Constitución Española de 1978, aprobada con el respaldo del 88% de los votos, porcentaje que ascendió al 93,58% y al 91,47% en Cataluña y el País Vasco respectivamente.

Basten estos ejemplos del elevado apoyo del pueblo español, y de sus representantes, a nuestra Ley de Leyes y al resto de leyes y acuerdos que permitieron convertir nuestro país en una democracia. Este apoyo fue fruto del proceso previo, la Transición española, en el que los políticos de todo signo entendieron, como lo hizo la sociedad española, que no había que mirar al pasado con ánimo de revancha, sino para recuperar los mejores referentes de nuestra historia común y aunar esfuerzos para convertir España en una democracia, consolidar un régimen de libertades y llevar a nuestro país a la senda de la prosperidad.

De este proceso surgieron consensos, principios, valores y derechos que nos han llevado a vivir el periodo más estable y próspero de toda nuestra historia como Nación. Los artículos 1 y 2 de la Constitución son el comienzo y el reflejo de lo que los constituyentes pensaban y plasmaron, y lo que los españoles votamos.

Artículo 1º
1.      España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2.      La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3.      La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2º
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Un texto ejemplar y un momento histórico ejemplar también para el consenso y el respeto a las leyes. Unos consensos y una legalidad que hoy, 40 años después, algunos políticos cuestionan pues consideran que, sembrando dudas sobre el ejemplar –y ampliamente apoyado por todos los españoles- proceso de Transición de nuestro país, lograrán cambiar el actual sistema democrático y de libertades español para instaurar otro modelo inspirado en regímenes dictatoriales como el venezolano.

Otros porque, basándose en una interpretación falsaria de la historia de España y en un inexistente derecho de autodeterminación (que ni nuestro ordenamiento jurídico ni el derecho internacional reconocen) han decidido, consciente y deliberadamente, incumplir la ley y organizar un referéndum en Cataluña declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, con el único objetivo de dividir a España y a los españoles.

Un año después, muchos de esos políticos están a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre los graves delitos que se les imputan, mientras otros tratan de continuar su terrible e ilegal legado dividiendo a la sociedad catalana entre “buenos” y malos” y socavando las instituciones garantes de la legalidad en Cataluña.
Asistimos a una vulneración de la legalidad vigente que se manifiesta también en:
•       La sustitución en los espacios públicos catalanes de los símbolos que nos representan a todos, como la enseña nacional, por símbolos excluyentes e inventados
•       La imposibilidad de poder estudiar en castellano en muchos centros educativos de Cataluña
•       El adoctrinamiento sistemático que reciben los niños y jóvenes catalanes a los que se transmite una visión sectaria y falsa de la historia de España
•       La discriminación y el rechazo hacía todos aquellos que no piensen como los independentistas
•       La defensa de comportamientos violentos si estos se dirigen contra los representantes de las instituciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y/o contra la más de la mitad de los catalanes que no comparten la ideología independentista.

Este desafío a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho
-pilares de nuestra democracia y libertad- planteado por los independentistas catalanes, merece una respuesta pacífica pero firme utilizando todos los instrumentos que la Constitución y las leyes nos ofrecen para salvaguardar la unidad de España y la igualdad de todos los españoles.
Es mucho lo que nos jugamos como país y como sociedad, y por ello, las fuerzas políticas que defendemos la Democracia y el Estado de Derecho debemos reafirmar nuestro compromiso común con la defensa de la Constitución, de la libertad y de la igualdad de los españoles. Los valores y principios que hicieron posible la Transición y la Constitución de 1978 tienen que seguir presentes y más vivos que nunca.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la aprobación de la Cámara la siguiente

RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno regional a:

PRIMERO: Reivindicar el proceso de la “Transición Española” y las leyes, acuerdos y consensos que surgieron del mismo, en especial, la Constitución Española de 1978, puesto que constituyen los pilares en los que sustenta nuestra actual democracia y estado de derecho, y rechazar cualquier tipo de revisionismo de esta época decisiva de nuestra historia común.

SEGUNDO: Defender que los símbolos que nos representan como nación y como españoles, que nos representan a todos, ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan y exigir, como recoge la Proposición de Ley relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y defensa de los símbolos nacionales presentada por el Partido Popular, a los altos cargos y empleados públicos que se comporten de forma neutral en el desempeño de sus funciones, y que se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier ataque que se pueda producir a los símbolos nacionales o a los derechos y libertades, para preservar la neutralidad institucional.

TERCERO: Defender la Monarquía Parlamentaria, no solo por ser la forma política de nuestro Estado consagrada en el artículo 1.3 de nuestra Carta Magna, sino por ser el símbolo de la unidad y permanencia de la nación más antigua de Europa, España, por la inestimable y extraordinaria contribución de la Corona al proceso de Transición y por su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España.

CUARTO:  Defender, igualmente, el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las CCAA respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua común, el español.

QUINTO: Apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán y recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia que compartimos.

SEXTO: Reafirmar la defensa del Estado Democrático y de Derecho como garantía de la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica bajo el imperio de la Ley. Defender la separación de poderes y rechazar los comportamientos de otros poderes que pretenden interferir en la labor del Tribunal Supremo mediante la improcedente calificación jurídica de los hechos más graves que contra esta norma fundamental se han perpetrado en 40 años.

SEPTIMO: Mostrar su total apoyo a S.M el Rey Felipe VI, en estos momentos de ataque por su firmeza en la defensa de la unidad de España, de la igualdad entre los españoles y de la Constitución Española de 1978.

OCTAVO: Declarar su apoyo a la Constitución Española de 1978, ante el permanente desafío secesionista y el ataque que sufren sus valores y principios básicos. Y destacan la ineludible responsabilidad del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la defensa del texto constitucional y de la legalidad vigente.