El Gobierno regional ofrece a los desempleados de 55 años de Castilla-La Mancha la oportunidad de mejorar su empleabilidad y retornar al mercado laboral con el Programa Garantía +55, cuya orden de bases ha presentado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras su aprobación en Consejo de Gobierno.
Este Programa, una de las líneas de trabajo del Plan Extraordinario por el Empleo, como ha explicado Patricia Franco, está destinado al colectivo de mayores desempleados de 55 años que está percibiendo un subsidio por parte del SEPE de 426 euros, “a los que queremos volver a incorporar al mercado laboral, no sólo para mejorar su autoestima sino para conseguir que se sumen nuevamente a la vida laboral en trabajos que, además, demanda nuestra sociedad, nuestras entidades locales y, por tanto, pensamos que es una buena forma de que se sientan más útiles”.
El Programa contempla una dotación económica de 9,8 millones de euros, procedentes de fondos propios, para los ejercicios 2016 y 2017: 7,9 millones en este ejercicio y 1,9 en 2017. “Ésta es la cantidad que vamos a poner a disposición de este colectivo de personas, 14.190 del total de 33.400 personas desempleadas en nuestra región que tienen más de 55 años, de modo que nuestro objetivo es llegar a 3.100 beneficiarios en dos años, lo que supondría el 22% de esa población: es un reto importante”, como ha resaltado la consejera.
Patricia Franco ha querido subrayar, además, que la manera de llegar a estos beneficiarios será en colaboración con entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, y que el carácter del programa es voluntario. “Son personas que cobran 426 euros, pero voluntariamente quieren dar el paso de querer incrementar y mejorar su jubilación”, ha afirmado.
La ayuda del Gobierno regional será de 500 euros mensuales a las entidades beneficiarias por cada persona desempleada adscrita a estos trabajos de colaboración social, “con lo que queremos cubrir el salario mínimo interprofesional o mantener la última base de cotización del trabajador, además de costear desplazamientos y otros gastos que precisen”. En este caso, las entidades locales o entidades sin ánimo de lucro se encargarían de completar, en caso de que fuese necesario, la cifra de la última cotización percibida por el desempleado.
Las adscripciones voluntarias al Plan tendrán una duración de seis meses y podrán prolongarse en próximas convocatorias. Además, la consejera ha explicado que el Gobierno regional hará pagos anticipados del 50% a las entidades beneficiarias, a los que se añadirá 25% a los tres meses de la puesta en marcha de la adscripción y el 25% con la justificación, una vez finalizado el proyecto.
Los proyectos en los que pueden incorporarse estos desempleados pueden estar vinculados a la colaboración, conservación y mantenimiento del medio natural, huertos ecológicos urbanos, etcétera; la mejora de la infravivienda y condiciones de vida; las actividades relacionadas con la difusión y el conocimiento del patrimonio histórico-artístico; la atención a personas en riesgo de exclusión social; el acompañamiento a personas de la tercera edad; la atención a personas enfermas u hospitalizadas; la información y promoción turística y cultural; la atención de bancos de alimentos y comedores sociales; el apoyo y colaboración con el movimiento asociativo local; el desarrollo de talleres de apoyo educativo de refuerzo extraescolar; el apoyo a personas o familias en riesgo de exclusión; la participación en programas de respiro para cuidadores de personas dependientes y actividades vinculadas al ocio y tiempo libre.
La consejera ha querido destacar, por último y de manera especial, la posibilidad de que, en aquellos proyectos emprendidos por las entidades beneficiarias que incluyan a más de cinco personas, sea posible contratar a formadores u orientadores, también desempleados, de modo que, por proyectos mayores de cinco años habrá una ayuda de 15.000 euros para su contratación.
