El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha instado al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias específicas en materia de energía, a realizar “una prohibición taxativa” de la práctica del fracking en toda España “al menos hasta que no tengamos garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente”.
Así lo ha solicitado el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural durante su visita a Molina de Aragón, en Guadalajara, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región y a los que no se puso freno durante la anterior legislatura.
Martínez Arroyo ha señalado también que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del día 9 de marzo, una vez que la mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región. El consejero ha indicado que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional ha contado con el apoyo del grupo parlamentario Podemos y ha deseado que “el Partido Popular se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha” para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos de la región.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha reconocido en nombre del Gobierno regional “el esfuerzo y el trabajo” de las Plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que han contribuido “a que esta iniciativa haya llegado a buen fin», ha afirmado. Además, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que “en la práctica” imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica.
Martínez Arroyo ha defendido la decisión adoptada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque “al menos de momento, no tenemos ninguna garantía de seguridad”, razón por la cual el Gobierno ha optado “por poner por delante de todo lo demás los intereses de los ciudadanos de la región”.
En Castilla-La Mancha pretendían instalarse cinco proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Con la medida actual serán inviables en la práctica.
