En la última reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca, se aprobó una resolución por unanimidad en la que se valoraba la sentencia que había emitido el Alto Tribunal regional (TSJ-CLM) en relación al caso de dos veterinarios, funcionarios de la Junta, a los que se les abrió expediente disciplinario y se les aplicaron sanciones «cautelares» para «complacer» a una empresa cárnica, tal y como textualmente afirma la sentencia, que anula el expediente y la resolución de la Consejería de Sanidad emitida en su momento. La sentencia certifica que la Administración vulneró los derechos fundamentales del funcionario apelante, al que el Gobierno regional deberá resarcir de los daños y perjuicios que se le causaron.
Desde la FSC CCOO Cuenca, al igual que también hizo la Junta de personal de funcionarios de la JCCM en Cuenca, en su reunión del pasado 20 de marzo de 2018, viene a pedir el cese de la Directora Provincial de la Consejería de Sanidad, “por incoar un expediente disciplinario a dos funcionarios del Equipo de Veterinarios de Tarancón en el año 2016. Un expediente que se basó en una supuesta animadversión de estos inspectores contra la mercantil Incarlopsa”, rezaba el acuerdo de dicha Junta de Personal.
Pero para la FSC CCOO-Cuenca la asunción de responsabilidades políticas tendría que ampliarse también al Secretario Provincial de dicha Dirección Provincial de Sanidad, que fue quien elaboró un “prolijo” informe, como dice la sentencia, para justificar la apertura del expediente disciplinario ahora anulado.
La sentencia califica de “inadecuado” la propuesta del Secretario para solventar esta situación mediante un expediente disciplinario. Y dice que la lectura del citado informe “provoca perplejidad”, sobre todo tras el informe que emite la Jefa de Servicio de Salud Pública en el que concluía que las actuaciones realizadas por los veterinarios afectados no eran constitutivas de infracciones”
Abunda la sentencia en que el informe de la instructora del expediente, que concluye con la propuesta de archivo, tiene “más sensatez y tino jurídico” que el mostrado por el Secretario provincial de la Delegación.
La sentencia del TSJ-CLM que “entra de lleno en el terreno de la manifiesta arbitrariedad y demuestra y una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (la empresa cárnica) que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender”.
