Fernando Casas Mínguez.
Un mes antes de colaborar en el cierre del tren Madrid-Cuenca-Valencia publicó el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, un artículo con el irónico título de “Los servicios públicos garantes de igualdad entre españoles y españolas “.
Presumía el presidente de que los servicios públicos en Castilla-La Mancha se extendían “hasta el último rincón de nuestro territorio en … cuarenta años de autonomía”. Añadía que el gobierno se empeña en “mejorar cada día” los servicios públicos,que consolidan la cohesión, “con el objetivo de cumplir el compromiso … de garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos, independientemente del lugar de residencia”.
Para la española o el español de Cuenca que haya visto el deterioro y cierre del tren, el artículo es una superchería Dice lo contrario de lo que hace el gobierno regional en la provincia más despoblada y desfavorecida de la región. Habla de cohesión, cuando el gobierno practica la insolidaridad, la injusticia y propicia la exclusión; y de garantizar la igualdad, cuando no invierte los fondos públicos (europeos y regionales) en la modernización del tren.
No es el gobierno regional, como da a entender García-Page, sino que son los derechos reconocidos por la Constitución Española a la ciudadanía, los que exigen poner en marcha los servicios públicos, inspirados en los principios de igualdad, solidaridad y justicia. Lo decente hubiera sido subrayar la conexión entre Constitución, derechos, servicios públicos y ciudadanía que mantiene los servicios públicos -y también al gobierno regional-, pagando impuestos en función de sus ingresos.
Con su vanidad habitual atribuye García-Page al gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha el mérito de intentar cumplir con su obligación. El gobierno no tiene que “empeñarse” sino que está obligado constitucionalmente a organizar servicios públicos en interés general, con el fin de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas (Constitución, artículo 9.2).
En línea con su escasa sensibilidad democrática, no menciona García-Page que, en nuestro Estado social y democrático, cuando hablamos de derechos y de servicios públicos, nos tenemos que preocupar porque cuenten con el apoyo de la ciudadanía que los paga.
Es la ciudadanía la que apoya los servicios públicos, cuando mejoran, y reclama contra el gobierno que los deteriora. Quizá García-Page prefiere no hablar de ciudadanía porque también tiene en contra a los Pueblos Vivos de Castilla-La Mancha, que se oponen a la instalación de las macrogranjas porcinas.
Está tan pendiente García-Page de facilitar, con urgencia, terreno público a su clientela empresarial de Costa Rica, que es incapaz de imaginar que para muchas familias de Cuenca sería una mejora de los servicios públicos, poder viajar en el tren que, por razones excepcionales, el gobierno del Estado ha decidido que sea “gratuito” durante cuatro meses.
Tan alejado está de la ciudadanía, que no entiende que el tren que pagamos con los impuestos, es un servicio fundamental que utilizarían las españolas y los españoles de Cuenca, en especial quienes viven en las zonas despobladas. Va a impedir que cientos de jóvenes, que estudian en Madrid o Valencia, viajen “gratis” en el tren para visitar con frecuencia a la familia, las amistades y no perder el contacto con su tierra.
¿Qué poderosa razón tendrá García-Page para perjudicar con saña a las españolas y los españoles de la provincia de Cuenca? El gobierno regional que excluye a Cuenca del tren, como servicio público universal y gratuito, acabará consiguiendo que la gente sienta que no pertenece a la comunidad de Castilla-La Mancha.
A la vista de lo expuesto, considero que estamos obligados a manifestar nuestra indignación por el injusto trato recibido por la provincia de Cuenca, en estos años de autonomía. Debemos rechazar, con coraje cívico, la codicia caciquil del poder de la Junta, que despoja a las familias de Cuenca del derecho al tren como servicio público universal y gratuito.
En señal de protesta contra el gobierno regional, que maltrata a las españolas y los españoles de la provincia, vulnera sus derechos y desmantela de forma antidemocrática el tren, estaré frente a la llamada Casa del Pueblo de la ciudad de Cuenca, el próximo día 30 de agosto de 2022.
