La organización de consumidores FACUA Castilla-La Mancha ha tachado de «inadmisible» que el Gobierno regional «quiera volver atrás en la normativa de las gasolineras desatendidas con el decreto que pretende aprobar y que alentará la proliferación de este tipo de negocio, en lugar de prohibirlo».
Según FACUA, la comunidad cuenta con una normativa autonómica que prohíbe desde 2005 el establecimiento de este tipo de servicios, al obligar a las gasolineras a estar atendidas por al menos una persona. «Este nuevo decreto de los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha, contempla la existencia de estaciones en régimen desatendido junto a las que poseen personal de atención al usuario», añaden.
El texto recoge que este «modelo de estación de servicio automática, o sin personal de forma presencial, se ha extendido por toda Europa y convertido en un modelo de negocio que compite con los modelos de servicio asistido y autoservicio dentro del mercado minorista de distribución de carburantes de automoción».
Además, se apoya en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien respalda este tipo de gasolineras. Una postura que FACUA rechazó en su momento pues «arremete contra los elementos más básicos de protección de los consumidores y, especialmente, de aquellos colectivos de la sociedad que son más vulnerables».
La asociación señala que el nuevo decreto deja en «un terreno muy ambiguo la cuestión de la atención a los usuarios con algún tipo de discapacidad». Así el texto recoge que en los casos de las gasolineras desatendidas, «cuando la asistencia a distancia resulte ineficaz para una adecuada solución de las incidencias o emergencias», «deberá facilitarse a la persona consumidora en el más breve plazo posible atención personal». Esto, critica FACUA, «no aclara cuánto tiempo debe esperar por ejemplo una persona con algún tipo de discapacidad que llegue a repostar con su coche adaptado, y en qué medida se realizará la solución del problema».
FACUA recuerda, además, que la ausencia de personal genera, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura.
Por otro lado, la asociación indica que si la estación de servicio no tiene personal se vulnera la protección de las personas con algún grado de discapacidad, que se ven discriminadas y obligadas a buscar alternativas de uso.
Mayores riesgos
FACUA señala que estas gasolineras «pueden suponer un mayor riesgo contra la seguridad de los consumidores» ya que, en caso de emergencia, no contarían con personal de atención presente y «habría una menor capacidad para una intervención ante cualquier accidente o incidente».
Asimismo, la asociación sostiene que «resulta imposible supervisar quiénes y de qué manera se recoge el combustible, ya que existe la posibilidad de que sea embotellado en recipientes no reglamentarios usados de manera fraudulenta o negligente». «Todo esto afecta a la seguridad de los usuarios», finalizan.
