Aquella mañana del 26 de agosto de 2016, al salir de casa nos sorprendió el cielo cubierto de una nube negra que se extendía más allá del alcance de la vista. Al poco tiempo, el fuerte y desagradable olor desveló que estábamos ante una nube generada por la combustión de productos tóxicos desconocidos, que se almacenaban sin control en la planta de tratamiento ilegal de residuos peligrosos de Chiloeches.
Sin embargo, ésta no fue la única sorpresa desagradable en la gestión de una catástrofe ambiental sin precedentes en la provincia, que puso a prueba a las distintas administraciones.
El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Chiloeches se encontró con un grave problema con esta planta cuando ganó las elecciones, y tomó las medidas a su alcance para paralizar la actividad ilegal que se desarrollaba a la vista de todos.
El día del incendio, la Diputación Provincial aportó el personal del Consorcio de Bomberos, que se vio sobrepasado por la dimensión del incendio y necesitaron el apoyo de otras administraciones locales, autonómicas, del estado y de personas voluntarias. Sólo así se pudo controlar el fuego.
La Junta de Castilla-La Mancha intentó ocultar desde el principio la gravedad de la situación, enviando mensajes de normalidad. Pero la situación era extraordinaria, con miles de toneladas de residuos tóxicos ardiendo sin control y generándose una imponente columna de humo. Todo el corredor del Henares se vio afectado, con una población de más de 250.000 personas. A ello se añadió un vertido de los mismos residuos, fluyendo hasta el Río Henares.
El desconocimiento inicial de los residuos que estaban ardiendo tenía que haber puesto en alerta a las autoridades, ya que la intensa nube de humo que cubrió nuestro territorio contenía elementos altamente tóxicos. Entre ellos, furanos, xilenos, dioxinas, hidrocarburos aromáticos, policiclícos (HAP) y metales pesados, procedentes de la combustión de los disolventes, pinturas y multitud de productos químicos desconocidos que se almacenaban de forma ilegal.
La inoperante Confederación Hidrográfica del Tajo, prácticamente desaparecida hasta hoy, y los medios estatales, se sumaron a la versión oficial de normalidad. Si los errores de gestión de una emergencia se pueden entender por la urgencia de la actuación, lo que resulta inadmisible es el abandono de cientos de toneladas de residuos que han quedado sin control, con continuos robos de chatarra contaminada y dejando a cielo abierto un permanente foco de contaminación del suelo, aire y de las aguas. Una situación que a día de hoy sigue amenazando nuestra salud.
Entre tanto, el Juzgado Nº 1 de Guadalajara, en su auto de 30 de noviembre de 2016, investiga a 19 personas y tres empresas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y prevaricación ambiental. De hecho, «considera que los hechos ocurridos en las instalaciones de KUK MEDIOAMBIENTE, sitas en la localidad de Chiloeches (Guadalajara), podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado, cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos, existiendo dentro del grupo un claro reparto de funciones. “Realizaban presuntamente mezclas de los residuos peligrosos con los no peligrosos, principalmente residuos peligrosos líquidos con lodos de celulosa procedentes de la empresa HOLMEN PAPER. Esta mezcla era posteriormente cargada en camiones bañera del propio GRUPO LAYNA y, tras ser recubiertos por una capa de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), trasladados al vertedero de residuos inertes de SALMEDINA, con el que los investigados mantenían una estrecha relación”».
Especialmente grave es la investigación por prevaricación medioambiental a siete altos cargos de gobiernos autonómicos del PP y PSOE, así como del anterior alcalde de Chiloeches. Eran ellos quienes deberían haber impedido que sucediera esta catástrofe, ahorrándonos los millonarios gastos ocasionados y los daños a la salud pública y ambiental.
Ante esta situación, Equo Guadalajara y Ecologistas en Acción de Guadalajara han acordado llevar a cabo las siguientes acciones:
- Reclamar a las administraciones implicadas la total e inmediata descontaminación de la zona afectada, tanto por el incendio como por el vertido.
- Pedir la expresa inclusión, en los presupuestos regionales, de la partida correspondiente para tal fin, como ha ocurrido con los residuos de amianto de la ciudad de Toledo gracias a la presión popular.
- Exigir a las distintas administraciones el cumplimiento de la ley de acceso a la información ambiental, ya que hasta ahora no han contestado a las solicitudes planteadas. De esta forma, se acabaría con el oscurantismo administrativo sobre este caso y se podría informar a la ciudadanía sobre lo que ocurrió y sigue ocurriendo.
- Mostrar nuestro agradecimiento y apoyo a todas las personas –profesionales y voluntarias, incluidas las de la Administración de Justicia–, que trabajaron aquellos días y continúan haciéndolo, a pesar de las limitaciones de medios y personal. Y todo ello con el fin de proteger a la ciudadanía y a la naturaleza y exigir las responsabilidades oportunas.
