Tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), hoy entra en vigor el II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los más de 70.000 empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades, beneficioso también para sus familias.
El acuerdo para la aprobación de este plan entre el Gobierno y los sindicatos CSIF, CCOO, FSES (ANPE y SATSE) y UGT, que representan al 90 por ciento de los empleados públicos de la Administración regional, se alcanzó el pasado 24 de mayo en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos.
Después de su ratificación por el Consejo de Gobierno esta misma semana, el presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, informaron de las medidas y objetivos de este plan junto a los representantes de todas las organizaciones sindicales firmantes, quienes manifestaron su satisfacción por un acuerdo que beneficiará al personal funcionario de Administración general, al personal funcionario docente no universitario, al personal estatutario y personal funcionario de Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y al personal laboral, es decir, a la totalidad de la plantilla de la Administración regional.
La mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; el incremento del apoyo a la maternidad y la paternidad; el fomento de la corresponsabilidad; la mejora en la atención y cuidados de hijos e hijas menores, personas mayores y personas discapacitadas; la protección integral contra la violencia de género en el ámbito de la Junta de Comunidades y la promoción de la salud y bienestar del personal empleado público de la Administración regional son algunos de los objetivos que se consiguen con este plan, que supone, además, el tercer gran acuerdo en materia de función pública al que llega el Ejecutivo de García-Page con los sindicatos.
Este acuerdo, al igual que el de mejora de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos, alcanzado en febrero de 2016, y el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta, es fruto del diálogo social del Gobierno regional con los sindicatos, que se ha reflejado en la celebración a lo largo de esta legislatura de más de 115 reuniones en las diferentes mesas de negociación.
