Según la Agenda de señalamientos de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, el próximo día 3 de diciembre del 2024 se celebrará la votación y fallo del recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023, por el que se clausura de la línea Aranjuez- Valencia Fuente de San Luis. El magistrado que en calidad de ponente se encarga de la redacción de la sentencia es José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.
Bandrés es un magistrado del Supremo al que no le duelen prendas proclamar los principios y valores que comparte. Afirma que los jueces y magistrados integrantes del poder judicial deben ejercer sus funciones jurisdiccionales con rectitud, templanza, profesionalidad y extremado rigor jurídico.
Es muy significativa la particular insistencia de Bandrés en que las resoluciones judiciales no sean fruto de convicciones partidistas, ni del mero subjetivismo ideológico. Por el contrario, hace un especial hincapié en la importancia de que las resoluciones se perciban como justas, fundamentadas en la correcta aplicación de los métodos de interpretación propios del Derecho Constitucional.
Como constitucionalista estima el magistrado que los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político se deben observar para resolver las controversias que se susciten ante los tribunales. Junto a estos valores constitucionales, destaca otra serie de valores como la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la cohesión social y territorial, que son los que delimitan el ámbito de actuación de todos los poderes del Estado y las conductas de la ciudadanía. Por último, subraya que los titulares de las instituciones del Estado -incluidos los órganos judiciales-, están sometidos a la Constitución, al principio de responsabilidad y de prohibición de la arbitrariedad, para impedir el uso abusivo del poder.
Sostiene el magistrado José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat que la función de los principios y valores constitucionales es dignificar las instituciones del Estado, en cuanto actúan como guardarraíles que protegen la supervivencia del sistema democrático, que se vería gravemente erosionado si los comportamientos de los responsables públicos contrarios a la Constitución se impusieran en la realidad política y jurídica del Estado constitucional.
A la vista de lo expuesto, hay razonables expectativas para pensar que tendremos una sentencia profesional y ponderada al recurso interpuesto por los Ayuntamientos de Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles, Cañada del Hoyo, Carboneras, Castillejo del Romeral, Huete, Santa Cruz de la Zarza, Vellisca, Villora, y Yemedaa. Entre los motivos que nos inducen a tener esa expectativa son los siguientes: José Manuel Bandrés proclama la necesidad de impedir el uso abusivo del poder; el magistrado propugna que la actuación de todos los poderes del Estado está dirigida a promover la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la cohesión social y territorial; insiste en la idea de que las resoluciones judiciales no deben ser fruto de convicciones partidistas y, por último, considera que una democracia sustentada en los derechos constitucionales requiere que los ciudadanos puedan ver que se hace justicia.
Fernando Casas Mínguez.
