La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, ha afirmado hoy durante una entrevista en el programa “Castilla-La Mancha despierta” en Televisión de Castilla-La Mancha que si el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura (SCRATS) “quería ofenderme, no lo ha conseguido”.
Preguntada por las palabras del presidente del SCRATS, que afirmó ayer que la consejera es “una indocumentada supina” que “no tiene capacidad ni para limpiar la Consejería”, Elena de la Cruz ha asegurado que “se descalifica a sí mismo” porque “no es la primera vez que sale con unas declaraciones desafortunadas”. De la Cruz ha recordado que ya el pasado mes de febrero, el presidente del SCRATS profirió insultos contra el presidente Emiliano García-Page.
En relación a las p
alabras de ayer, De la Cruz ha dicho que “que me compare con las personas que limpian la Consejería es un honor, porque son trabajadoras excepcionales y personas excepcionales. Si quería insultarme con eso no lo ha conseguido”, al tiempo que ha indicado que desde el Gobierno regional “siempre hemos esgrimido argumentos” para defender la búsqueda de una alternativa contra el trasvase, pero no contra los regantes. En cualquier caso ha explicado que las declaraciones son “desafortunadas” y están “fuera de lugar”.
En relación al autor de la frase, la consejera ha dicho diferenciar “muy bien” entre los regantes murcianos “que se levantan cada día para vivir honradamente de su trabajo” en el campo “y este señor”, de quien ha afirmado que es el “presidente de la patronal del agua, los que negocian con el agua” y de un modelo de gestión del agua que está “caduco” porque es un “monopolio” que Europa está poniendo en tela de juicio con el informe aprobado el pasado día 13. “Nos empiezan a dar la razón con respecto a esta nefasta gestión que se está haciendo del agua” desde el Gobierno de España, de quien ha recalcado que su Segundo Ciclo de Planificación hidrológica está “tumbado de facto” por el informe.
Precisamente a esa cuestión atribuye la consejera las palabras del presidente del SCRATS. “Están un poco nerviosos porque con la aprobación del informe en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se abre una vía muy importante con respecto al Tajo, su gestión y la gestión del acueducto Tajo-Segura”. Para la consejera, el informe europeo es “un punto de inflexión” que abre la puerta a la esperanza para cambiar la sobreexplotación del río.
De la Cruz ha indicado que aunque el presidente del SCRATS se siente insultado por el Gobierno regional, “desde Castilla-La Mancha siempre hemos defendido que haya agua para todos, no queremos dejar sin agua a los regantes”, aunque difieran en el método de obtención que defiende esta organización, que se aferra como única opción al trasvase porque “es un agua barata y hay unos intermediarios que tienen un monopolio y hacen negocio con ella”.
Ahondando en este mismo aspecto, Elena de la Cruz ha vuelto a defender la necesidad de impulsar la desalación como método sustitutivo al trasvase “porque está obsoleto”, aunque “hay que buscar alternativas porque sabemos que los regantes dependen actualmente de él”. Sobre estas alternativas, la consejera ha vuelto a acusar al Gobierno de España de no desarrollar la desalación hasta sus últimas consecuencias, tal y como indica el informe de los europarlamentarios.
“Nos preguntamos cada día” la razón por la que no se despliega todo su potencial, ha dicho De la Cruz, quien se ha referido al “turbio destino de los fondos de Acuamed” como una de las razones por las que no se impulsa definitivamente una tecnología que considera adecuada para satisfacer a todos. Al respecto ha recordado que en las islas Canarias el agua se obtiene en gran medida por este procedimiento, que comenzó a utilizarse “hace cincuenta años”.
Otra de las causas es “un problema de precio y de negocio”, ha dicho en referencia a los 9 céntimos por metro cúbico que el SCRATS paga el agua de Entrepeñas-Buendía. En este sentido ha explicado que al Gobierno de España “no le han dolido prendas en subvencionar el agua desalada cuando lo ha creído necesario”, algo a lo que “desde Castilla-La Mancha no nos hemos negado”.
