Cerca de un centenar de personas con discapacidad auditiva han utilizado el servicio de video interpretación en lengua de signos en las Oficinas de Información y Registro de Castilla-La Mancha, con lo que se consolida el uso de esta prestación, puesta en marcha por el Gobierno regional en septiembre de 2020 para las cerca de 18.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva que hay en la región.
Este servicio supone disponer de un intérprete en lengua de signos en cada una de las nueve Oficinas de Información y Registro que hay repartidas en las cinco provincias de la Comunidad Autónoma y, con su puesta en funcionamiento hace dos años, Castilla-La Mancha pasó a ser a ser la primera Comunidad Autónoma que convirtió estos espacios en 100 por cien accesibles para las personas con discapacidad auditiva.
Gracias a esta prestación, cuando una persona con este tipo de discapacidad acude a una OIR del Gobierno regional, el personal empleado público que la atiende establece una videollamada con un intérprete en lengua de signos, quien se encarga, en tiempo real, de conocer cuál es el trámite que esa persona desea realizar y trasladárselo al funcionario de viva voz, estableciendo una comunicación que se prolonga hasta que finaliza la atención por parte del personal empleado público.
Para poder ofrecer este servicio se ha impartido a un funcionario de cada OIR de la región formación técnica sobre el funcionamiento del canal necesario para establecer la videollamada y un curso de sensibilización para prestar una atención de calidad a las personas con discapacidad auditiva.
Estrategia del Gobierno regional para construir una sociedad inclusiva
Esta medida forma parte de la estrategia que está desarrollando el Ejecutivo autonómico para conseguir una sociedad más inclusiva.
Para ello, cada año se reserva a centros especiales de empleo y empresas de inserción el 10 por ciento del importe de la Junta de Comunidades para contratación pública. Además, se ha modificado la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la función pública, lo que ha permitido a 65 personas con discapacidad intelectual incorporarse este año a la Administración regional, tras haber superado un proceso selectivo independiente y con temario adaptado a lectura fácil.
