«El gobierno de Ana Guarinos está poniendo en peligro la llegada de cuatro millones de euros de fondos europeos en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, con esta nueva moratoria en su entrada en vigor, para abril de 2026”.
Así lo ha denunciado esta mañana la concejala socialista en el Ayuntamiento, Pilar Sánchez, en una atención a medios para informar de la enmienda que el Grupo Municipal Socialista ha presentado, esta misma mañana, a esta nueva modificación de la Ordenanza Reguladora de la ZBE llevada a cabo por Guarinos, y recordando que se trata de una exigencia de la Unión Europea.
En su alegación, el Grupo Municipal Socialista también recuerda que el Defensor del Pueblo ya advierte, en su Informe Anual de 2023, de esta obligación legal; recordando que, de no realizarse, puede conllevar la devolución de todos los fondos recibidos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el caso de Guadalajara, de proyectos como las plazas de Prim y San Esteban o el parking disuasorio junto al Brianda de Mendoza, “cuyos fondos ya están comprometidos y gastados, y que, de tener que devolverlos, serán los vecinos y vecinas de Guadalajara quienes, desde su bolsillo, lo hagan por la inoperancia y el caos de Guarinos”.
Sánchez denuncia que, tras el primer retraso en la aplicación de la ZBE, que la fijaba en octubre de este mismo año, “con esta nueva demora lo único que está haciendo la sra. Guarinos es confundir a los vecinos y vecinas, que nunca han recibido una información real, clara y concisa de lo que quiere hacer con la ZBE, con una página web que no funciona, la imposibilidad de registrar matrículas de residentes y comerciantes…en definitiva, una falta de información total que lo único que evidencia es la inoperancia de este gobierno”.
En este sentido, Sánchez ha reclamado a Guarinos que, “de una vez por todas, diga qué va a hacer con esta obligación de la Unión Europea para municipios mayores de 50.000 habitantes, si la va a aplicar o, si por el contrario, se está plegando a los intereses de sus socios de gobierno de Vox, negacionistas del cambio climático y, por tanto, contrarios a su implantación, que es lo que nos tememos”.
