El gobierno socialista del Ayuntamiento de Pioz con el alcalde Manuel López Carvajal a la cabeza ha consumado hoy “el pacto de la vergüenza” otorgando sueldos a los dos concejales que ahora forman parte del Grupo de No Adscritos al abandonar la formación política de Vox con la que fueron elegidos en las urnas en las pasadas elecciones de mayo. El Partido Popular de Pioz ha votado en contra de este acuerdo que ha salido adelante con el voto de calidad del alcalde al no estar presente en este pleno, convocado de forma extraordinaria, el único concejal que permanece en Vox.
El Ayuntamiento de Pioz está compuesto por 13 concejales: cuatro concejales del PSOE, que gobierna en minoría; ahora dos concejales del Grupo No Adscritos, tres del Partido Popular, tres de Podemos y uno de Vox. De esta forma, el gobierno socialista consolida su permanencia al frente del Consistorio al necesitar tan solo una abstención de otro concejal para sacar adelante cualquier decisión.
El acuerdo al que llegó el PSOE con los dos ex concejales de Vox el pasado mes de noviembre culmina así cumpliendo las condiciones de poner sueldo a los dos tránsfugas, pese a que en su momento estos aseguraron que, aunque no pertenecen ya a este grupo, “seguimos teniendo las ideas bien claras”. El acuerdo aprobado hoy en pleno otorga los siguientes sueldos a los dos ex concejales de Vox: Carlos Alberto Torre cobrará 39.204,45 euros con una dedicación del 75% y Antonino Delgado 26.136,30 euros con una dedicación del 50%. Además, también se ha acordado hoy que los otros tres concejales del PSOE, Alejandro Porcar, Hilario Fernández y Susana Cisneros, pasen a cobrar 26.136,30 euros cada uno con una dedicación del 50%. Mientras, el alcalde Manuel López también cobra del erario público, pero este gracias a un puesto de asesor en Deportes en la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El portavoz del Grupo Popular, José Luis Sánchez, ha calificado de “indecente” las maniobras del Partido Socialista “capaz de todo para seguir gobernando a cualquier precio”. Además, ha incidido que “esto vulnera la legislación y sentencias contra el transfuguismo puesto que no está admitido que un concejal asuma cargos o perciba retribuciones nuevas después de pasarse a la condición de No Adscritos”, tal y como consta en el propio informe de Secretaría. Por ello, Sánchez, ha anunciado que estudiarán el inicio de posibles acciones judiciales contra este acuerdo.
