El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar uno de cada cuatro euros de los presupuestos regionales para el 2025 a la puesta en marcha de medidas para frenar y revertir la despoblación en la Comunidad Autónoma, y que vienen recogidos en la Memoria de Impacto Demográfico que, por tercer año consecutivo, se incluye en las cuentas regionales.
Así lo ha señalado hoy el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha para detallar el presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio.
Se trata, según ha cifrado, de 2.036 millones de euros que se incluyen en la Memoria de Impacto Demográfico, donde se aúnan todas las partidas del presupuesto para el próximo ejercicio destinadas a frenar la pérdida demográfica. Una cifra que, en palabras del vicepresidente primero, demuestra “el empeño de este Gobierno para paliar esta tendencia a la que estamos haciendo frente con todos los recursos a nuestra disposición”.
En concreto, Martínez Guijarro ha especificado que esos 2.036 millones suponen casi el 25 por ciento, la cuarta parte, del techo de gasto del Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio que ha comenzado ya su tramitación parlamentaria y se traduce, además, en el 3,7 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de la Comunidad Autónoma, “muy por encima de lo que reclaman determinadas entidades relacionadas con este tipo de políticas”.
Ahondando en las cifras, el vicepresidente primero ha detallado que el presupuesto de las políticas activas frente a la despoblación para el próximo año se ha incrementado un seis por ciento respecto a lo presupuestado en 2024, destinándose casi 115 millones de euros más. Esto supone que se van a destinar casi 5,6 millones de euros diarios para el desarrollo integral del medio rural en la región y la garantía de acceso a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar de residencia.
En este punto, el Martínez Guijarro ha subrayado los resultados que deja tras de sí los casi cuatro años de recorrido de la Ley de medidas contra la Despoblación que nos ha dejado un saldo migratorio positivo de 11.368 habitantes en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, destacando que el 67 por ciento del total se ha dado en las provincias de Cuenca y Guadalajara, las más afectadas por la despoblación de Castilla-La Mancha.
‘Agendas de Desarrollo Urbano y Rural’
El vicepresidente primero ha insistido en que para seguir avanzando en la lucha contra la despoblación y en el marco de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, “queremos acercar la lupa a cada una de las 26 zonas con las que estamos trabajando” a través de las ‘Agendas de Desarrollo Urbano y Rural’ que servirán para avanzar en cada zona señalada en la Ley de medidas contra la Despoblación, tanto de los contenidos de esta norma como del instrumento de ella derivado, la Estrategia Regional Frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031.
En este sentido, ha recordado que meses atrás se firmaron los convenios de colaboración con La Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder) que establece la elaboración de cinco primeras agendas como ‘experiencias piloto’ antes de que finalice el 2025y continuar con el desarrollo de un total de 26, que una vez en marcha “servirán de guía para poder incidir sobre esas áreas ya identificadas en la Ley de medidas contra la Despoblación con actuaciones más concretas, y multiplicar así los resultados”.
Estas cinco primeras ADUR, cuyos contratos firmamos este próximo jueves, se centrarán en las comarcas de la Sierra de Alcaraz en Albacete; Campo de Montiel en Ciudad Real; Cuenca centro; Señorío de Molina en Guadalajara; y la comarca de La Jara en Toledo.
El presupuesto destinado a la estructura de la Presidencia de Castilla-La Mancha
Además, Martínez Guijarro ha detallado que el presupuesto destinado a la estructura de la Presidencia de Castilla-La Mancha, de la que dependen la Vicepresidencia Primera; la Vicepresidencia Segunda; y la Consejería de Portavoz, asciende a 26 millones de euros que suponen apenas un 0,20 por ciento del total de las cuentas que el Ejecutivo autonómico, “cantidad igual que se ha venido destinando en los últimos años”.
