El presupuesto de la Presidencia de Castilla-La Mancha contemplado en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 -que ha iniciado su trámite parlamentario para su aprobación- es, apenas, del 0,18% del total, alcanzando los 21 millones de euros.
Así lo ha trasladado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la Comisión de Presupuestos celebrada hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que ha estado acompañado por el Secretario General de la Presidencia, Rafael Perezagua, y donde ha señalado que el presupuesto de 2021 de la Presidencia, comparado con el de 2020, supone un incremento del 10,5%, “muy por debajo muy por debajo del aumento general del presupuesto general de la región que supera el 15 %”.
Se trata, tal y como ha explicado Martínez Guijarro, de un presupuesto “contenido” para garantizar el correcto funcionamiento de la Presidencia, en la que se integran también la Vicepresidencia, la Consejería de Igualdad y Portavoz, la Secretaría General de la Presidencia y el Gabinete de la Presidencia, además de las delegaciones de la Junta repartidas en las cinco provincias del territorio regional.
La región avanza en lucha contra la despoblación
En este contexto, Martínez Guijarro ha avanzado que una de las actuaciones más reseñables que se va a acometer desde la Presidencia del Ejecutivo autonómico para el 2021 es la tramitación la ‘Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha’ -actualmente en periodo de exposición pública- “y queremos que se remita a las Cortes en los primeros meses en el año 2021”.
Una ley a la que sucederá la Estrategia contra la despoblación”, ambas surgidas del acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero con la firma del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, el primero rubricado en España, fruto del consenso con los agentes sociales y económicos (CECAM, CCOO, UGT, RECAMDER y la FEMP en Castilla-La Mancha).
El objetivo de la futura la Ley y de la Estrategia, tal y como ha señalado el vicepresidente, es hacer económica y socialmente más atractivas las zonas despobladas garantizando la prestación de servicios básicos en el medio rural, así como la conectividad territorial mejorando el transporte, apoyando la generación de actividad económica y con un nuevo marco fiscal dirigido a crear empleo y a fijar población.
