El Partido Popular de Cuenca ha presentado esta mañana alegaciones al anteproyecto de la llamada Ley de Movilidad Sostenible, una iniciativa que pretende aprobar el Gobierno de España y que contempla, entre otras acciones, la supresión del tren convencional y la reducción de rutas y paradas de autobús sobre todo en los municipios de menor población. El presidente del PP, Benjamín Prieto, el del Grupo Popular en la Diputación, Cayetano Solana, la secretaria general, María Roldán y el concejal del Ayuntamiento de Cuenca, José Manuel Cañizares, comparecían esta mañana en rueda de prensa para denunciar una norma que “discrimina claramente a la provincia y al mundo rural” y mostrar nuevamente su asombro ante “la pasividad y la entrega de instituciones como la Junta, la Diputación y el Consistorio conquense ante una ley que utiliza a Cuenca como conejillo de indias, suprimiendo recursos públicos y ahondando, por tanto, en su grave problema de despoblación”.
Benjamín Prieto ha insistido en el concepto de movilidad como “un derecho de todos los ciudadanos que debe de ser garantizado por los gobiernos con un refuerzo e inversiones en el transporte público, no suprimiéndolo” y ha destacado que en los 107 artículos que componen la Ley de Movilidad Sostenible, “sólo se menciona el medio rural una única vez”. Ha recordado que el tren y los autobuses en provincias como Cuenca “no pueden estar supeditados a criterios de rentabilidad económica” y sí a la “cohesión y vertebración del territorio”. El presidente del PP conquense ha afirmado que “seguiremos luchando, para que se anule esta ley, por revertir esta situación a la que ha llevado a la provincia de Cuenca el partido socialista desde las diferentes instituciones y reclamando la parte que nos corresponde de los 24.300 millones de euros que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez para infraestructuras ferroviarias”.
El concejal del Ayuntamiento de Cuenca, José Manuel Cañizares, ha insistido en el “desgraciado” protagonismo que adquiere la capital en esta ley, “como experiencia piloto”. “Es cortoplacista y plantea la despoblación del territorio como un destino, realmente no hay lucha contra este grave problema, se pretende que Cuenca sea un lugar despoblado”, ha añadido, “no se analiza en ningún caso la infraestructura ferroviaria en términos de potencialidad, de desarrollo del territorio, de realmente introducir la posibilidad de afianzar actividades productivas para nuestro crecimiento”. Cañizares ha culpado a la Junta de haber etiquetado definitivamente a Cuenca como “territorio despoblado” y de “discriminarla claramente dentro de nuestra Comunidad Autónoma”.
El diputado provincial Cayetano Solana ha insistido en que esta Ley de Movilidad Sostenible que pretende aprobar el Gobierno de España, “atenta gravemente contra la movilidad rural”. Solana ha expuesto que la norma “margina el transporte que se desarrolla dentro de la Comunidad Autónoma lo que agravará las desigualdades territoriales” y ha criticado que el Ministerio venda como un logro acortar el tiempo de los viajes en transporte público, “cuando lo que hace realmente es suprimir paradas, priorizando, además, los municipios de mayor población ante los más pequeños”. Respecto a la reducción de las emisiones de carbono que persigue esta ley, Solana ha explicado que se consigue gracias, simple y llanamente a que se “suprimen servicios y kilómetros” de transporte público.
Cayetano Solana también ha rebatido el concepto de “intermodalidad” que defiende la norma gubernamental, “en nuestra provincia si se suprime la línea de tren no hay intermodalidad posible en la que se pueda combinar el transporte por carretera con el del ferrocarril. Exclusivamente tenemos una parada de AVE en la capital”. “Esta ley provocará un mayor aislamiento y declive demográfico, especialmente en provincias como la de Cuenca y en zonas como la Serranía y La Mancha”. Para finalizar, el presidente del Grupo Popular en la Diputación ha instado a los dirigentes socialistas regional, provincial y al alcalde de Cuenca, Page, Chana y Dolz, respectivamente, a presentar “también alegaciones a este proyecto de Ley, sumándose, así y de una vez, a la defensa de los verdaderos intereses de nuestra provincia y no a plegarse a los perjudiciales experimentos del Gobierno de España con la capital con y el resto de nuestros municipios”.
