La diputada provincial del Partido Popular, Clara Plaza, ha reclamado hoy “máximo rigor, transparencia y respeto a la legalidad” al equipo de Gobierno de la Diputación de Cuenca, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha haya dictado tres nuevas sentencias que anulan decisiones adoptadas por el actual Ejecutivo provincial en materia de recursos humanos.
Según ha explicado Plaza, estas resoluciones judiciales “no son hechos aislados, sino un patrón preocupante que evidencia una forma de gestionar el personal basada en la improvisación, la falta de informes preceptivos y la vulneración de principios básicos de igualdad y seguridad jurídica”.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha dictado recientemente las sentencias 465/2025, 491/2025 y 306/2025, todas ellas desfavorables para la Diputación y que dan la razón a los trabajadores:
Sentencia 465/2025: declara nula la modificación de la RPT aprobada el 27 de abril de 2022 por carecer de los informes obligatorios de Secretaría e Intervención, exigidos por el Real Decreto 128/2018. El Tribunal recuerda que el informe del director de Recursos Humanos no puede sustituir al asesoramiento legal preceptivo.
Sentencia 491/2025: anula la convocatoria del concurso específico para el puesto de Jefe de Servicio de Cooperación y Contratación, al basarse en una RPT previamente declarada nula.
Sentencia 306/2025, ratificada por la 404/2025: invalida el nombramiento en comisión de servicios del Gerente del Área de Desarrollo Territorial y Empleo por falta de convocatoria pública, vulnerando el artículo 81.3 del TREBEP y el principio de igualdad en el acceso a la función pública.
Para Plaza, estos fallos judiciales constituyen “un toque de atención muy serio” sobre la gestión del personal en la institución provincial.
Una Diputación inmersa en recursos, ceses y actuaciones irregulares
La diputada popular ha recordado que, durante el último año, “la Diputación ha creado y reorganizado puestos de manera dudosa, ha practicado ceses injustificados, ha utilizado bolsas de trabajo para colocar a personas afines y ha omitido la convocatoria pública y la concurrencia para cubrir puestas estructurales, utilizando formas muy cuestionables”.
“Se están utilizando mecanismos excepcionales como si fueran ordinarios, amparándose en supuestas urgencias para saltarse principios esenciales como la igualdad, la publicidad y el mérito”, ha denunciado Plaza.
Además, ha subrayado que ha formulado preguntas en varias sesiones plenarias por estas prácticas, “y en el mejor de los casos, la respuesta llega un mes después”.
Clara Plaza ha reclamado al equipo de Gobierno que “asuma responsabilidades, acate las sentencias, repare los daños causados y adopte medidas para que esta situación no vuelva a repetirse”.
“Los trabajadores de la Diputación merecen seguridad jurídica, respeto y procedimientos claros. La institución no puede seguir acumulando sentencias desfavorables por una gestión deficiente que pone en riesgo su credibilidad”, ha concluido la diputada.
