Ante el anuncio del presidente regional, García-Page, sobre la permisividad de abrir piscinas públicas y privadas este verano, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfonso Esteban, ha exigido al responsable del Ejecutivo de Castilla-La Mancha que “con carácter urgente redacte y apruebe la regulación específica que posibilite la apertura al público de las diferentes piscinas públicas y privadas existentes en la provincia en condiciones de seguridad y protección tanto para los usuarios como para el personal municipal que presta sus servicios en las mismas”.
Dada la importancia de esta cuestión, el Grupo Popular trasladará esta exigencia al presidente de la Institución Provincial, José Luis Vega, en el turno de ruegos del Pleno Ordinario que se celebrará esta misma mañana vía telemática. Esteban ha apuntado que pedirá a Vega que se sume a esta petición realizada por el Grupo Popular porque creemos “que la seguridad de los ciudadanos está por encima de todo”.
Igualmente, el portavoz ha avanzado que el señor Page y la Junta de Comunidades deberán realizar de manera paralela a la regulación reclamada anteriormente, “una convocatoria pública de subvenciones para sufragar los costes extraordinarios derivados de las actuaciones a realizar en las mismas que dicha normativa prevea”.
A día de hoy, el Gobierno central ha publicado una serie de recomendaciones genéricas para este tipo de instalaciones que claramente resultan insuficientes. Además, el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha apunta que es competencia autonómica el “desarrollo legislativo y de ejecución en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud”, por lo tanto, ni Page ni la Junta “pueden eludir su responsabilidad”.
Por tanto, para poder abrir las piscinas públicas con todas las garantías es imprescindible que el Gobierno regional regule las condiciones para su apertura ya que el decreto 72/2017 por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas en Castilla-La Mancha, actualmente en vigor, no prevé una situación como la que estamos padeciendo, y por tanto “no hace referencia a cómo deben actuar los municipios en las circunstancias excepcionales que vivimos en la actualidad”.
