El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, y el viceportavoz Javier del Río, han visitado Sacedón donde se han reunido con los concejales del PP en este Ayuntamiento y su portavoz Kevin Tomico. Con ellos han compartido algunas de las preocupaciones y reivindicaciones como la puesta a disposición para los vecinos del nuevo Centro Joven donde se ha llevado a cabo una importante inversión con fondos de la Diputación, con varias prórrogas concedidas, y que una vez finalizada la obra se encuentra cerrada desde hace más de cinco meses desde el pasado 12 de septiembre que tuvo lugar el Certificado de Final de Obra visado. Tal y como explica Tomico, “por Diputación se concedió una prórroga para la ejecución del Centro Joven hasta el 31 de julio de 2023 y la justificación de la subvención dos meses después, es decir, como máximo hasta el 30 de septiembre”. Dicha justificación fue enviada a la Diputación con fecha 26 de septiembre y el acta de recepción tiene fecha de 27 de julio. Por ello, desde el PP piden al alcalde socialista y también diputado provincial, Francisco Pérez Torrecilla, “que trabaje para abrir esta instalación y que pueda ser disfrutada por los vecinos de Sacedón”.
Además, los concejales también han vuelto a transmitir su “preocupación” por el mal estado de la carretera que da acceso a la pedanía de Córcoles y al Monasterio de Monsalud, cuyo propietario de esta vía es el ayuntamiento. “Se trata de una carretera peligrosa y sin ningún tipo de mantenimiento, con una capa de rodadura que cuenta con más de 50 años de antigüedad”, ha resaltado el portavoz del PP en Sacedón. Del mismo modo, también reclaman “un arreglo integral de la calle Barranco del Buey, que no solo se limiten a poner parches”.
Asimismo, han lamentado que en Sacedón hayan tenido que sufrir la “doble incompetencia” de su alcalde con el “tarifazo” que la Diputación ha aplicado con la subida de las tasas en los servicios de Bomberos y Tratamiento de Residuos, cuyo responsable es el propio Pérez Torrecilla. Unas subidas “desproporcionadas” que la Diputación no asume y traslada a los ayuntamientos perjudicando sus economías y haciendo que muchos de ellos tengan que repercutir estas subidas sobre los bolsillos del ciudadano.
