El Partido Popular de Cabanillas del Campo ha presentado en el juzgado tres denuncias diferentes, ante las sospechas de ilegalidades realizadas por el Ejecutivo que preside el socialista José García Salinas. El portavoz popular Jaime Celada, acompañado por los concejales Antonio Ruiz y Carlos Saz, afirmaba en rueda de prensa que “nunca ha sido nuestra primera opción acudir a la justicia para aclarar estas situaciones, pero nos hemos visto obligados ante la falta de transparencia y la demora a la hora de entregarnos la documentación que requeríamos”.
Celada explicaba que el Grupo Popular sospechaba que en varias actuaciones del Gobierno socialista no se había actuado conforme a la legalidad, por lo que solicitaron la documentación de las mismas. Después de tener que esperar en ocasiones más de un año para recibirla, teniendo que solicitarla hasta con siete escritos diferentes, observaron que algunas de estas actuaciones tenían reparos de Intervención, hecho que fundó sus sospechas. Por ello, decidieron presentar denuncias por las tres situaciones siguientes:
- En julio de 2015, Salinas contrató todas las comidas populares con una sola empresa. Por este servicio, recibió dos facturas con la misma fecha y números correlativos de 17.765 y 4.350,50 euros respectivamente, lo que supondría que juntas superarían los 18.000 euros, cifra límite para poder realizar una adjudicación directa. Esta actuación, que recibió un reparo de Intervención, supondría un delito de fraccionamiento de contrato.
- En marzo de 2017, el alcalde socialista convirtió en personal laboral indefinido a los trabajodres de Suvicasa, hasta entonces fijos discontinuos. De esta manera, se habría saltado la obligación de realizar una oferta de empleo público para ocupar dichas plazas, no teniendo en cuenta conceptos como la igualdad, el mérito y la capacidad.
- En mayo de 2017, Salinas habría contratado a una empresa para realizar trabajos propios de la actual contrata de limpieza y jardines. Intervención mostró su reparo a la hora de efectuar ese pago, ya que se trataba de unos trabajos por los que ya se paga a la empresa concesionaria. Así, podría tratarse de un delito de duplicidad de contrato.
“Acudiendo a la justicia, buscamos que se ponga luz ante las sospechas y dudas de legalidad que tanto nosotros como la Intervención Municipal hemos encontrado en estos expedientes”, decía Jaime Celada, añadiendo que “puede que no sean las últimas, ya que seguimos esperando información de otros expedientes que encontramos sospechosos, pero ante los que aún no podemos actuar porque el Gobierno del socialista Salinas lleva sin entregarnos documentación desde el pasado mes de marzo”.
Igualmente, el portavoz popular adelantaba que “estamos preparando otra denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la aprobación en Pleno de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ya que entendemos que vulnera la Ley General de Presupuestos y la Ley de Haciendas Locales”. Sobre este caso, en referencia a la falta de transparencia, también destacaba que “a instancia de los sindicatos, el Defensor del Pueblo ha requerido ya por segunda vez una información que Salinas le niega, no sabemos por qué motivo”.
Con todo ello, Celada espera que a Salinas no le sorprendan estas acciones legales, ya que “él mismo nos ha animado en numerosas ocasiones que si creíamos que en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo se estaba cometiendo alguna ilegalidad, que lo denunciáramos ante la justicia”. “Pues bien, eso estamos haciendo, cumpliendo con nuestra obligación como oposición fiscalizando las acciones del Gobierno”, ha sentenciado.
