El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, se ha visto obligado hoy a hacer uso de su “voto de calidad” para poder tumbar una moción presentada por el Grupo Popular en la que se pedía instar al gobierno de Pedro Sánchez que el superávit municipal se destine a las necesidades de los vecinos derivadas por la crisis de la pandemia del coronavirus.
Desde el Grupo Popular han lamentado una vez más que “Rojo se pliegue a su jefe Sánchez para no molestarle, dando la espalda a los vecinos de Guadalajara, lo que vuelve a poner de manifiesto sus verdaderas intenciones en su cargo político”.
En la moción, defendida por el concejal del Grupo Popular José Luis Alguacil, se pedía instar al gobierno central a “no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las entidades locales vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación”.
También se pedía espetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto, y también flexibilizar las reglas para que las entidades locales pueda utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado.
El concejal José Luis Alguacil ha recordado que “el gobierno de España está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las entidades locales así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias, lo que supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de marzo 2020, 3.839 millones de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en los últimos 8 años”. Desde hace varios años, ha añadido, las entidades locales han venido reclamando al gobierno central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados pero siempre respetando la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes.
Para el Grupo Popular, las entidades locales “no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley (IVA de diciembre de 2017 impagado) y que ha conseguido el gran «logro» de incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012”, han finalizado.
