Un pacto de coalición entre dos partidos que han sido elegidos en candidaturas separadas y programas distintos debe aceptar que los objetivos del gobierno son comunes, unificados. La coalición está llamada a funcionar como eje central cuyo significado conjuga los valores y premisas fundamentales de la nueva cultura política. Los cambios socio-culturales que hemos vivido durante la última década no tienen vuelta atrás y nos han legado una nueva forma de entender y practicar la política, que obliga al reconocimiento, la colaboración y la lealtad entre las diferentes formaciones, las cuales deben ser capaces de entenderse para materializar las propuestas que benefician a la mayoría de la gente, para proteger el bien común. El Gobierno de coalición es, por tanto, la práctica político-institucional que debe proyectarse en forma y contenidos desde esa coalición progresista que han querido la mayoría de los azudenses, (aunque a muchos les pese), comprometida con la protección de los derechos sociales y la aplicación de políticas de profundización democrática y justicia social. Toca hacer política con mayúsculas, dotar al municipio de un horizonte de futuro y de progreso reales. Una coalición sustentada en un acuerdo programático de gobierno, que no es otro que el contrato con la ciudadanía.
Mientras desde el Gobierno de coalición se intenta implementar políticas que redunden en beneficiar al conjunto de la ciudadanía, el resto de formaciones con representación municipal se dedican a incendiar las RRSS con el asunto del Impuesto de bienes inmuebles (IBI) para alardear de que ellos lo hubiesen bajado. No sé si lo hacen pensando que el anuncio proporciona réditos electorales, porque se adhieren al manta liberal o por ambas cosas a la vez. En cualquier caso, allá donde entrar a gobernar, véase el caso de Guadalajara o de Benidorm, suben de manera desorbitada los impuestos con la excusa de la manida herencia recibida para ocultar la verdadera pretensión de su ideario.
Es fácil criticar una decisión sin plantear alternativas, hacer ruido sin analizar previamente la situación, en un intento de descreditar a nuestra formación ahora que estamos en el Gobierno. Saben que no lo consiguen. No hay que olvidar que los impuestos son una fuente vital de rentas para la mayoría de los gobiernos a fin de financiar las infraestructuras y servicios esenciales para sus ciudadanos. Además, cuando los gobiernos obtienen rentas de los impuestos, los ciudadanos están en una posición mucho más fuerte para ejercer presión a fin de que dichas rentas sean gastadas en los servicios a los que tienen derecho.
Establecido este hecho inevitable, si es que queremos tener más servicios, mejores y de calidad, como puede ser la ampliación del número de agentes de Policía Local que al final de la legislatura será de cincuenta y cinco o un área de vivienda para acabar con los problemas de ocupación y tener inmuebles con los que dar respuesta a las necesidades de la población, cabe analizar las gestión que se haga del dinero. De ahí la labor de Izquierda Unida en el Gobierno de coalición: una subida mínima del IBI, en cuanto a la previsión que había hecha y respecto a la experimentada en otros municipios de alrededor, porque no se le puede pedir al contribuyente un mayor esfuerzo si desde el Gobierno no damos ejemplo, ligada al compromiso firme de reducir todo aquello que no sea necesario para revertirlo en la mejora de los servicios públicos y en las vidas de la gente durante toda la legislatura. Esas fueron las premisas de la negociación y el objetivo del Gobierno, que no es otro que mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía.
Por María José Pérez Salazar, portavoz de IU y 1ª teniente de Alcalde de Azuqueca de Henares
