El Pleno del Ayuntamiento, reunido este miércoles en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado por mayoría ratificar las resoluciones de Alcaldía con las que se han iniciado acciones legales contra la Diputación de Guadalajara, en una decisión que el primer edil cabanillero tomó coordinadamente con otros ayuntamientos de la provincia, y que se plasmó en un Decreto de Alcaldía del pasado 14 de abril.
Este asunto viene de atrás: Se debe a que la institución provincial se está negando de manera reiterada a sufragar el costo de la “administración electrónica” de los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes, a pesar de que está específicamente obligada a hacerlo por la Ley. Diputación sí sufraga, por contra, la administración electrónica de las localidades de menos de 5.000 habitantes, pero olvida a un puñado de municipios de Guadalajara, los que están entre 5.000 y 20.000 vecinos. La Ley de Bases de Régimen Local señala, en su artículo 36.1, apartado G, que “es competencia propia de la Diputación (…) la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes”.
La ratificación de las acciones judiciales ha sido respaldada por los grupos de PSOE, Izquierda Unida y Vecinos por Cabanillas, mientras que ha votado en contra el Grupo Popular. Esto ha generado un intenso debate entre el alcalde, José García Salinas, y el portavoz del PP, Jaime Celada, habida cuenta de que el portavoz popular forma parte del Equipo de Gobierno de la Diputación.
Salinas ha explicado que se trata de un procedimiento contencioso-administrativo (no penal), contra la actitud del Gobierno de la Diputación, que considera que ha estado “mareando al Ayuntamiento” durante todo este mandato. “Hemos mandado cartas amables, peticiones expresas, hemos alegado contra los Presupuestos de Diputación porque no contemplaban su obligación, y ahora tenemos que acudir a los tribunales”, ha explicado Salinas, quien ha recordado que la situación afecta a otros ayuntamientos, como Alovera, Marchamalo, Villanueva de la Torre, Torrejón del Rey y El Casar, dándose la circunstancia de que sólo uno de ellos tiene el mismo signo político que la institución provincial. Salinas también ha afeado a Jaime Celada que no haya evitado esta situación, pese a ser miembro del Gobierno de la Diputación, y que incluso votara unos Presupuestos de la institución provincial que estaban perjudicando a Cabanillas en este punto.
El portavoz del PP se ha defendido señalando que sí ha hecho gestiones internas para tratar de solventar la cuestión, que de momento no han fructificado, y también ha dicho que existe un informe de la Intervención de la Diputación que avalaba no sufragar este gasto, y que en él basó su voto. Celada considera el recurso del Ayuntamiento una “guerra personal” del Equipo de Gobierno de Cabanillas contra la Diputación. Por su parte, el alcalde ha lamentado que la institución provincial ni siquiera haya dado una respuesta técnica y documentada a las alegaciones presentadas hasta la fecha.
Aprobación definitiva del Presupuesto y la reclasificación del Ayuntamiento
Además de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado de manera definitiva el Presupuesto del año 2019 (que fue aprobado inicialmente el pasado marzo). El Pleno ha rechazado la única alegación presentada contra el Presupuesto (por parte del Grupo Popular), con los votos de PSOE, IU y Vecinos por Cabanillas, y la oposición del PP. De la misma manera y con los mismos votos, también se ha rechazado otra alegación del PP contra la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del consistorio, que reclasificaba al Ayuntamiento a uno de “Segunda Categoría”, incrementando el número de habilitados nacionales de los 3 actuales a 5. De este modo, la modificación ha quedado ya aprobada de manera definitiva, y lista para entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.
En ambos casos, las alegaciones presentadas por el Grupo Popular han sido informadas por los habilitados nacionales y letrados del Ayuntamiento, quienes han avalado la legalidad tanto de la modificación de la RPT como del Presupuesto de este año. “Todos los informes técnicos y jurídicos son favorables”, ha recordado el alcalde, José García Salinas. El portavoz del Grupo Popular, Jaime Celada, ha reconocido que los informes técnicos dan la razón al Equipo de Gobierno (“es verdad que le avalan”, ha dicho), pero ha insistido en que discrepa de la interpretación que se hace en ellos, y ha anunciado que insistirá con este asunto recurriendo a los tribunales. Al tiempo, también ha avanzado que revertirá esta modificación de la RPT si entra al Gobierno Municipal en el próximo mandato.
Finalmente, el alcalde ha acusado a los populares de estar tratando de retrasar deliberadamente la entrada en vigor de la reclasificación del consistorio y de los Presupuesto, buscando poner obstáculos a algunos proyectos de inversión contemplados en estas cuentas, para que no puedan dejarse licitados antes de las próximas elecciones: “Se han pasado la legislatura entera sembrando dudas, con una oposición destructiva”, ha dicho García Salinas.
Una vez aprobados los Presupuestos de manera definitiva, se espera que a la vuelta de la Semana Santa el consistorio pueda sacar a licitación dos de las obras previstas en ellos que ya tienen terminados sus proyectos arquitectónicos desde hace tiempo: el kiosco-bar del nuevo Parque Elena de la Cruz, y el nuevo Centro Fitness Municipal.
