El Gobierno de Castilla-La Mancha y las diputaciones provinciales pondrán en marcha a la vuelta de Semana Santa una nueva edición del Programa de Apoyo Activo al Empleo (PAAE). Esta iniciativa supondrá la creación de 1.130 puestos de trabajo directos específicamente en las provincias de Cuenca y Guadalajara. La inversión conjunta para ambos territorios superará los 11,2 millones de euros, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las personas con mayores dificultades de empleabilidad. El acuerdo ha sido firmado este martes en Toledo por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
Inversión por provincias
El desglose presupuestario de la primera línea de este programa confirma el impacto directo en los municipios de ambas provincias:
En Cuenca se generarán 499 contratos gracias a una financiación de más de 4,75 millones de euros.
La Junta aporta 2,89 millones para la provincia conquense y su Diputación suma 1,86 millones.
En Guadalajara se impulsarán 631 contrataciones con un presupuesto total de 6,52 millones de euros.
El Ejecutivo regional destina casi 4 millones a Guadalajara, complementados con 2,55 millones de la institución provincial.
Evolución del plan autonómico
A nivel regional, el PAAE moviliza un total de 70,7 millones de euros para dar una oportunidad a 6.400 desempleados. Esta nueva convocatoria consolida una línea de actuación que, como consta en la hemeroteca de Liberal de Castilla, reserva de nuevo 2,5 millones de euros para municipios afectados por emergencias. Esta herramienta de respuesta rápida mantiene el blindaje activado el año pasado frente a los estragos de la DANA, asegurando capacidad de contratación extraordinaria ante catástrofes naturales en nuestros pueblos.
El impacto histórico de estas políticas activas de empleo refleja una clara evolución en el mercado laboral castellanomanchego. Tres de cada cuatro personas que se encontraban en desempleo de larga duración en 2015 han logrado revertir esa situación, reduciendo este tipo de paro en 126.100 personas durante la última década. Actualmente, la estrategia autonómica prioriza a los colectivos más vulnerables, logrando que un 63 por ciento de los contratos sean para mujeres, superando el 10 por ciento en personas con discapacidad y destinando uno de cada tres empleos a fijar población en zonas en riesgo de despoblación.
