La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Fomento, ha sido informada esta misma semana de que la Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio para la Transición Ecológica, de acuerdo a las alegaciones presentadas desde Castilla-La Mancha, ha denegado el último contrato de cesión al uso privativo de las aguas entre la Comunidad de Regantes (C.R.) ‘La Poveda’ y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).
Una noticia que la consejera de Fomento del Gobierno regional, Agustina García Élez, ha valorado de forma muy positiva, como ha indicado, “pues es el reflejo del trabajo de este Gobierno regional que viene oponiéndose año tras año a este tipo de venta de derechos porque son trasvases en cubiertos”. Así ha dicho, “nos alegramos de esta decisión”, porque supone un cambio de actitud por parte del Gobierno nacional. “Por supuesto vamos a seguir reivindicando y pidiendo que no solo el trasvase, al que nos tienen acostumbrados desde la Comisión de Explotación, sino también estos trasvases encubiertos sean vigilados por parte del Ministerio”, ha añadido.
Y es que, en esta resolución, como ha explicado García Élez, la Dirección General del Agua, asumiendo la mayoría de las alegaciones del Gobierno regional, no sólo deniega la autorización del contrato de cesión de derechos, sino que también comunica a la Confederación Hidrográfica del Tajo la conveniencia de iniciar un expediente de revisión de la concesión de agua que tiene la C.R. ‘La Poveda’.
Las alegaciones realizadas por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y admitidas por la DGA, se centraron en dos aspectos. En primer lugar, la imposibilidad legal de celebrar el contrato para aquellas comunidades de regantes integradas en el SCRATS que no disponen de título jurídico válido para la celebración del contrato, bien porque no lo tienen, bien porque el que tienen sea ‘a precario’. Y, en segundo lugar, la conveniencia de revisar la concesión a fin de liberar total o parcialmente esos caudales para su empleo en la propia cuenca del Tajo, ya sea para incrementar el nivel de garantía del resto de usuarios o incluso para permitir el otorgamiento de nuevas concesiones, teniendo en cuenta la nula intención que parece tener la C.R. ‘La Poveda’ de utilizar su concesión.
En este sentido, la resolución del Ministerio da la razón a Castilla-La Mancha reconociendo que esos contratos de cesión afectan negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca del río y a los derechos de terceros, puesto que priva a otros posibles peticionarios de los volúmenes actualmente concedidos a la C.R. ‘La Poveda’, que no los utiliza, pero sí está obteniendo un beneficio económico considerable cediendo la totalidad de los recursos.
Como ha dicho García Élez, “hay una cosa clara que quien tiene los derechos de uso de esa agua y no los usa a lo largo del año, no lo necesita. Por tanto, esa cantidad de agua que no se está necesitando y que no queremos que se mercadee, por parte de Castilla-La Mancha lo vamos a defender, lo que queremos es que se quede en los pantanos de cabecera y en el río y que no se vaya como un trasvase encubierto al levante, pues no deja de ser comercializar con una materia prima que también necesitamos aquí”.
Derechos cedidos casi en su totalidad
Según ha explicado la consejera, la información que consta en la Agencia del Agua regional, es que la C.R. ‘La Poveda’ tiene concedidos 1,416 hectómetros cúbicos que fueron consumidos por última vez en el año 2013 y, de ese año hasta 2017, han sido cedidos en su totalidad.
Además, ha indicado que esta positiva comunicación se suma a la recibida hace unas semanas desde la DGA del Ministerio admitiendo las alegaciones presentadas por Castilla-La Mancha en relación a los contratos celebrados entre la Comunidad de Regantes de Estremera y los regantes del SCRATS. En este caso, la concesión es de 18,86 hm3, y el último contrato que se autorizó en 2017-2018 fue de 7,70 hm3, por tanto, ceden casi un 41% de su concesión. Y, por primera vez, el Ministerio ha pedido a la CHT la apertura de un expediente de revisión de dicha concesión.
Tal y como ha recalcado la responsable de Fomento, estos contratos y trasvases encubiertos “van a tener siempre al Gobierno del presidente García-Page pendiente”, para que esas cesiones de derechos que se hacen en privado no se realicen y ese mercadeo que se produce siempre mirando al mismo lado y en detrimento de la cabecera del río Tajo, se terminen.
