Aún me cuesta acostumbrarme a visitar alguna localidad y, al pasear por sus calles, observar cómo en tan pocos años los establecimientos de juego, en cualquiera de sus tipologías, se han convertido en un elemento más del paisaje urbano. Una proliferación en todo el territorio nacional de la que, desafortunadamente, Castilla-La Mancha no ha quedado al margen.
Sin perder de vista que el juego es una actividad legal, desde el Gobierno regional no podemos permitirnos mirar hacia otro lado, obviando los riesgos asociados a esta práctica, que tienen su máximo exponente en la ludopatía y en el acceso de los menores.
En este sentido, Castilla-La Mancha ha sido pionera en la suspensión de autorizaciones para la apertura de nuevos establecimientos de juego, una medida que tiene su razón de ser en la obligación que como Administración pública tenemos de prestar una especial atención a aquellos colectivos que podrían ser más vulnerables a las consecuencias que puede generar una práctica inadecuada del juego.
También hemos sido la primera comunidad autónoma en firmar un convenio con el Estado para que, aquellos ciudadanos que voluntariamente se prohíban la entrada a los establecimientos de juego, reconociendo que tienen un problema, tengan prohibido el acceso no sólo en el ámbito de la comunidad autónoma, sino en cualquier punto de España.
Y, además, somos una de las dos comunidades autónomas con representación en el Consejo Asesor de Juego Responsable; el grupo de trabajo constituido por la Administración del Estado para orientar en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de juego responsable a nivel nacional.
Decididos a seguir con este mismo impulso, a lo largo de este año presentaremos en las Cortes regionales un proyecto de Ley en materia de juego, que tendrá el juego responsable como eje vertebrador y sobre el que pivotarán todas las políticas de la Administración regional relativas a esta actividad.
En definitiva, se trata de contar con un texto legal coherente con la sensibilidad de la población en este ámbito, lo que supone dejar de considerar el juego como una mera actividad económica y poner el foco en las repercusiones sociales que tiene y en los riesgos para la salud, para poder reducir sus efectos negativos.
Así, esta nueva Ley, que también establecerá un nuevo marco de publicidad en la materia, abordará el juego como un fenómeno complejo, que debe ser abordado con acciones preventivas, de intervención y de control, ya que sólo de esta forma podremos proteger a los colectivos más vulnerables como menores o personas con problemas de adicción.
Entonces, cuando contemos con una normativa tan avanzada, podremos decir bien fuerte que todos los días son días de juego responsable en Castilla-La Mancha.
Opinión de Juan Alfonso Ruiz Molina. Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
