La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón, ha anunciado en rueda de prensa que el PSOE pedirá la reprobación expresa de Jaime Carnicero y Antonio Román en el próximo pleno por el episodio de acoso laboral sufrido por Araceli Muñoz en 2012 tras su reincorporación como funcionaria al Ayuntamiento de Guadalajara tras haber ocupado diferentes cargos políticos. Simón considera además que tras la sentencia del TSJCM, el Ayuntamiento de Guadalajara “ve empañado su buen nombre por culpa de Antonio Román y Jaime Carnicero”.
Román y Carnicero han sido condenados por “sus prácticas sectarias y un episodio de acoso que nos avergüenza”. Así de contundente se ha mostrado Sara Simón, quien, además, ha pedido una “explicación, una disculpa y la dimisión” a los ediles populares. También, ha solicitado a la nueva directiva del Partido Popular que exija la dimisión de Román y Carnicero “porque si no serán cómplices de su comportamiento”.
El PSOE de Guadalajara “se siente profundamente orgulloso del trabajo y de la entrega de la compañera Araceli Muñoz de Pedro”. Después del acoso y maltrato psicológico, “Araceli Muñoz ha sido muy generosa con Román y Carnicero” y por ello hay que reprobarlos públicamente “porque a los acosadores se les señala y censura su conducta”, ha remarcado Sara Simón.
La sentencia del TSJCM acredita “con rotundidad” que Araceli Muñoz sufrió mobbing “por no resultar cómoda” para la entonces Corporación municipal del PP que gobernaba la ciudad. “Fue acosada hasta ser enviada al hospital por militar en el PSOE”, remarcaba Simón.
La sentencia recoge que Araceli Muñoz fue “objeto de hostigamiento y acoso moral” en tanto fue aislada y destinada aun puesto inexistente sin carga laboral, sin despacho, ordenador o teléfono. Los hechos se remontan a 2012 cuando Muñoz solicitaba su reincorporación al Ayuntamiento de Guadalajara a su plaza de letrada, momento en el que fue apartada y arrinconada por el equipo de Gobierno presidido por el ex alcalde Antonio Román. La Justicia reconoce el episodio de acoso y, al tratarse de la vía de lo contencioso administrativo, condena al Ayuntamiento de Guadalajara al pago de 13.709 euros.
