El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de mañana viernes relacionada con el problema de la ocupación de viviendas en nuestra ciudad. La concejala Itziar Asenjo ha detallado los acuerdos que se proponen para tratar de paliar una situación “que se ha acrecentado a niveles muy preocupantes aumentando en los dos últimos años en torno a un 35%, estimando que a día de hoy en España hay en torno a 115.000 viviendas ocupadas, y evidentemente sino se toman medidas esta cifra no parará de crecer”.
Asenjo ha explicado que lo que propone el Grupo Popular pasa por estudiar y crear una unidad policial de actuación rápida para dar solución a los problemas creados por la ocupación ilegal de viviendas de titularidad privada y pública; la creación de una línea de teléfono específica para la denuncia de viviendas ocupadas; instaurar una línea de ayudas para los propietarios que vean sus inmuebles ocupados para sufragar los gastos derivados de la ocupación; e instar al Gobierno de España a retomar la Proposición de Ley Orgánica destinada a luchar contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y las cosas, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero de 2019.
Además, se incide en la conveniencia de que el Ayuntamiento de Guadalajara dé de baja de oficio, o a instancia del propietario o poseedor legal legítimo del inmueble ‘okupado’, las inscripciones de las que se tengan conocimiento.
Problemática que afecta a Guadalajara
“Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que las nuevas políticas instauradas por uno de los socios e integrantes del Gobierno se basen en considerar la ocupación ilegal de viviendas como una situación tolerable o admisible o una forma común de adquisición de vivienda, como no lo es cualquier otra conducta contraria al ordenamiento jurídico”, queda reflejado en la moción.
En lo que atañe a Guadalajara “la ocupación ilegal se encuentra entre una de las mayores preocupaciones de nuestros vecinos”, ha dicho Asenjo señalando algunas zonas donde se ha sufrido o se sufre esta problemática como el barrio de los Manantiales, el de Aguas Vivas (Bulevar Clara Campoamor), la zona de las Lomas, en la pedanía de Taracena, en la zona comprendida entre la calle Cuba y la avenida de Venezuela, calle Laguna de la Colmada, en pleno centro de la ciudad (calle Mayor, López de Haro, Plaza del Cívico), o viviendas de San Vicente Paúl”.
Ante esto, “son varias las medidas que una Corporación municipal puede adoptar para combatir esta lacra que acaba con la inseguridad jurídica de nuestros ciudadanos”. La concejala del Grupo Popular, que ha estado acompañada en la rueda de prensa por el concejal Armengol Engonga, ha afirmado que “tenemos la obligación de combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así la propiedad privada, la convivencia y la seguridad para con nuestros vecinos”.
Tal y como se recoge en la propuesta del Grupo Popular, “la propiedad privada es un derecho reconocido en la Constitución Española, recogido en la sección segunda, del Capítulo II Derechos y Libertades. Es un Derecho de todo ciudadano que no puede, ni debe, ser violentado por la conducta de terceros que atenten contra su propiedad privada. El Artículo 33 de la Constitución Española señala que “…Se reconoce el derecho a la propiedad privada . … Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.” Por lo tanto, es importante que el Gobierno garantice de manera inmediata el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social”.
Proposición de LO del Partido Popular
Hay que recordar que el Partido Popular presentó una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas. La proposición de Ley definía por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impedía que los ‘okupas’ se intenten amparar en resquicios legales, o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada. Para ello se proponía que las autoridades públicas y sus agentes pudieran intervenir dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. Es más que necesario, que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas. Asimismo, la nueva ley reforzaría las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de la ocupación. Así también agilizaba el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.
De igual manera, ampliaba la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.
Esta proposición de ley facultaba a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal a personarse como acusación particular. Además, consideraba nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen Local.
