El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Villar de Olalla, a través de su portavoz, David Valverde, denuncia que el Ayuntamiento, bajo la gestión del equipo de gobierno actual y anteriores, ha estado mintiendo durante años sobre la relación laboral con la técnico encargada de informar sobre asuntos urbanísticos. Fue en 2022, cuando se preguntó por primera vez sobre la relación laboral que mantenía con el ayuntamiento, donde se informó que “había un contrato/convenio desde hacía unos 4 o 5 años”. En el pasado año 2024, se volvió a formular la pregunta y se remitió a la contestación ya dada con anterioridad. En septiembre de 2024, se realizó una petición formal por escrito por parte del Grupo Popular al equipo de gobierno para que se les enseñara dicho contrato. Al no ser atendida la misma, en el pasado pleno ordinario se le preguntó de nuevo por el motivo por el cual no se les había mostrado el referido contrato, y fue cuando el propio alcalde socialista de Villar de Olalla reconoció la irregularidad.
Según Valverde, se ha demostrado que el Ayuntamiento ha mantenido una relación opaca y carente de transparencia con la profesional que desempeña esta labor, lo que supone una grave falta de regularización y una posible vulneración de las normativas legales vigentes. «Los vecinos de Villar de Olalla merecen un gobierno honesto y responsable que actúe conforme a la ley, y esta situación es un claro ejemplo de la dejadez y falta de rigor con la que se están gestionando los asuntos públicos», señala Valverde.
El portavoz popular recalca que toda la responsabilidad de las consecuencias legales y administrativas derivadas de esta mala gestión corresponde exclusivamente al actual equipo de gobierno socialista y a los anteriores, también socialistas. Además, denuncia que en un pleno el equipo de gobierno intentó “chantajearles”, amenazando con responsabilizarlos de las consecuencias de sus propias irregularidades.
David Valverde critica que no se destine presupuesto suficiente para regularizar un servicio esencial como el urbanístico, mientras “sí se prioriza para el pago de salarios a concejales liberados. Esta situación es aún más grave considerando el reciente aumento del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que debería haber garantizado recursos para solucionar estas irregularidades”, señala el portavoz popular.
Ante esta situación, el Grupo Popular propone una solución inmediata y efectiva. En primer lugar, insta al equipo de gobierno a legalizar la relación laboral con la actual técnico urbanística, garantizando así la prestación de este servicio esencial de forma legal y transparente. Asimismo, el Grupo Popular plantea que se inicie de inmediato el proceso para la creación de una plaza de técnico municipal, con el objetivo de ofrecer al pueblo un servicio estable y de calidad en materia urbanística.
«Es hora de poner fin a las irregularidades y trabajar por el bien común de Villar de Olalla. Desde el Grupo Popular seguiremos denunciando las malas prácticas y proponiendo soluciones responsables y legales para el beneficio de todos los vecinos», concluye Valverde.
