El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara presentará en el próximo pleno una propuesta para la derogación de la implantación obligatoria de una tasa de basuras. Lo que se pretende es que “desde la Diputación se inste al Gobierno de España a respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos”. En definitiva, que se permita a las entidades locales “aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos propios”.
Esta propuesta viene a raíz de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada en España que pretendía transponer varias directivas comunitarias, entre ellas la Directiva 2018/851 de residuos, cuyo resultado ha sido el establecimiento de la obligatoriedad de fijación de una tasa de residuos a las entidades locales, que será efectiva a partir del próximo 10 de abril de 2025. Su objetivo es reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización, minimizar el impacto ambiental y fijar objetivos de reciclado para los residuos municipales, entre otros, pero “en ningún caso impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer las tasas de basuras”, tal y como afirman desde el Grupo Popular.
Ante este contexto, desde el Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara se quiere trasladar el “profundo rechazo a la obligación de establecer una tasa de residuos, que contemple la repercusión del coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadanos”. A juicio de los diputados del PP, esta iniciativa “supone un nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos, también a los de nuestra provincia, que tendrán que pagar los costes íntegros de la gestión de residuos, cuando en muchos casos los ayuntamientos venían asumiendo o aliviando esta carga”.
Por ello, se pedirá en el Pleno “que se derogue la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos en todas las entidades locales por el 100% del coste de su recogida y tratamiento, contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular”. Del mismo modo, también se incluye como punto a aprobar la contribución para sufragar campañas de comunicación de los ayuntamientos y resto de entidades locales dirigidas a incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la reducción y separación de residuos y el reciclaje para la consecución de los objetivos comunitarios en la materia.
Visita a Aranzueque
El portavoz del PP en la Diputación, Román García, visitaba precisamente esta semana el municipio de Aranzueque donde ha tratado con la portavoz del PP en este Ayuntamiento, Raquel Flores, la problemática que esta medida y su aplicación está ocasionando con una “gran incertidumbre e inseguridad jurídica en los ayuntamientos por la indefinición y falta de rigor técnico en la redacción de la Ley”. Además, según García, esta “afecta incluso con mayor importancia a los ayuntamientos más pequeños y con menor capacidad técnica, que precisamente son la mayoría en nuestra provincia.
A juicio del portavoz del Grupo Popular, “a los ‘tarifazos’ de la Diputación impuestos por el gobierno de Vega se unirá la nueva norma de Pedro Sánchez provocando el incremento de costes que tendrán que ser obligatoriamente repercutidos a los vecinos”. Todo ello, sin tener en cuenta el tamaño de la localidad, su población, recursos económicos, situación financiera de cada municipio o cualquier otra circunstancia que pudiese, en el ejercicio de su autonomía, valorar cada administración.
Por todo ello, el Grupo Popular tratará en el Pleno que la Diputación se implique para que los vecinos de nuestra provincia sean lo menos perjudicados posibles.
