El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca buscará, en la sesión plenaria del próximo jueves, que todos los grupos políticos rechacen la Ley Celaá y refrenden garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
Los ediles del PP, que ayer participaron en la manifestación que recorrió las calles de nuestra ciudad junto a casi 300 coches, han resaltado que esta ley educativa “es una ley segregadora y siembra cizaña y discordia”, y han continuado en clave local diciendo que “Dolz e Isidoro tendrán que decidir si serán unos fieles colaboradores de sus jefes y permitirán en nuestra ciudad el coartar las libertades de todos los conquenses a la hora de elegir que educación quieren para sus hijos, o por el contrario no”.
Siguiendo con el contenido de la moción, los populares han remarcado buscarán que el Gobierno de la nación, en colaboración con el local, rectifique y adopte las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional, garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus necesidades y respetar los cuerpos nacionales del profesorado.
Para concluir, el PP en el Ayuntamiento de Cuenca ha manifestado su deseo de que Cuenca sea noticia por generar empleo y actividad, no por ser cómplice de este despropósito, siendo necesario para ello, que sus gobernantes, los socialistas Dolz e Isidoro, no secunden la supresión de las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y “se pongan a trabajar de una vez por el bien de esta ciudad”.
