El Consejo de Gobierno ha autorizado la segunda prórroga de un año de duración del programa temporal de siete funcionarios interinos para reforzar la elaboración de los programas individuales de atención (PIA) a personas en situación de dependencia en los servicios de las delegaciones provinciales de la Consejerías de Bienestar Social.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha explicado que “el objetivo que se persigue es seguir dando un gran impulso a la situación de las personas que, teniendo la situación de dependencia reconocida a día de hoy, están a la espera de ser atendidas”.
Por ello, Fernández considera que “es absolutamente prioritaria la atención a las personas en situación de dependencia, y una parte de esa atención pasa por agilizar al máximo los tiempos de espera”.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha recordado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma “con mayor número de plazas residenciales en relación a la población mayor” y de estancias diurnas “encastradas en el Sistema de Dependencia”, así como la única que, en el catálogo de prestaciones, “incluimos ayudas técnicas”, que en los próximos meses alcanzarán las 5.500.
Además, el Consejo de Gobierno ha sido informado de que en julio de 2015 existían 26.919 personas en situación de dependencia pendientes de recibir un servicio o prestación, mientras que en agosto de 2019 el número de personas pendientes de atender es de 3.632. Por tanto, la cifra se ha reducido en un 86,50 por ciento, al computar 23.287 personas menos pendientes de atender a 31 de agosto de 2019. Pese a ello, “tenemos el deber de mejorar aún más si cabe el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, ha indicado Fernández
Partiendo de esta “notable mejora” en la gestión con un continuo descenso de personas con grado de dependencia y, por ende, facilitando la “incorporación fluida” de personas al sistema, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que “se hace necesario prorrogar el programa de refuerzo con la incorporación de 6 trabajadoras y trabajadores sociales o técnicos PIAS, uno por provincia, a excepción de Toledo, con dos, y un auxiliar administrativo en el caso de Talavera de la Reina.
Fernández ha valorado que “las actuaciones y medidas llevadas a cabo tras el refuerzo de personal con la incorporación de cincuenta profesionales están dando los resultados esperados, y los datos citados anteriormente así lo demuestran”.
En este sentido, la titular de la consejería de Igualdad y portavoz ha defendido el papel “responsable” que debe jugar la administración para “garantizar unos derechos básicos y universales para todas las personas, con igualdad de acceso, con gestión y con financiación que posibiliten desarrollar las actividades básicas de la vida”.
La ampliación de este programa temporal contará con una inversión total de 190.265 euros en la consignación presupuestaria, y será efectivo desde el 31 de octubre de 2019 hasta el 30 de octubre del 2020.
