El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Comisionado del Reto Demográfico, ha invitado a las cinco diputaciones provinciales a sumarse a una agenda común que incorpore las medidas que ya están desarrollando para luchar contra la despoblación en el contexto de sus planificaciones específicas, y orientadas en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia frente a la Despoblación que el Ejecutivo autonómico está diseñando.
Ha sido durante un encuentro telemático, encabezado por el representante del Comisionado, Jesús Alique, en el que ha concitado a miembros de las cinco instituciones provinciales para trasladarle los pormenores del Proyecto de Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.
En este sentido, Alique ha trasladado que esa agenda compartida sería un documento común en el que se incluyan esas medidas que ya se están llevando a cabo en la lucha contra la despoblación por parte de cada una de estas administraciones.
Y es que, la Estrategia regional frente a la Despoblación establece los objetivos y las líneas de actuación que se van a llevar a cabo a medio plazo para hacer frente a la pérdida demográfica que afecta a parte del territorio castellano manchego por lo que, desde el Gobierno regional se apuesta por este documento común que incorpore tanto las medidas del Ejecutivo autonómico como las que ya están llevando a cabo las diputaciones y que estén orientadas en el cumplimento de los objetivos de la Estrategia Regional frente a la despoblación.
“Se trata de que todo tenga sentido, que todo esté ahí recogido y poner en contexto todo lo que estamos haciendo. En definitiva, se trata de remar juntos”, ha apuntado el comisionado.
Los detalles del Proyecto de Ley de Medidas contra la Despoblación
Durante su intervención, el comisionado también ha trasladado los aspectos clave del Proyecto de Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha que se ha remitido a las Cortes autonómicas, insistiendo en su carácter pionero tanto por tratarse de la primera norma de estas características en todo el país como porque incorpora la fiscalidad para luchar contra la pérdida demográfica. Asimismo, ha señalado la transversalidad de la futura norma ya que afecta a la práctica totalidad de las competencias que tiene la comunidad autónoma.
Asimismo, la futura ley blinda los servicios públicos (sanidad, educación, atención a mayores y personas con discapacidad, y movilidad) en el medio rural garantizando que haya una igualdad real entre aquellos que residen en la ciudad y los que optan por los pueblos.
El texto introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y cifra su impacto económico en unos 600 millones de euros a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.
El reto de la despoblación, “permanente en el tiempo”.
Finalmente, Alique ha pedido a las diputaciones que hagan llegar todas las aportaciones que consideren que deben estar en la Estrategia regional frente a la Despoblación. “Nuestro objetivo es que sea permanente en el tiempo y para ello debe estar consensuada porque es el principal instrumento de planificación de la futura Ley y quereos que tenga una vigencia mínima de 10 años”, ha sentenciado.
