El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado en el primer semestre en un 17 por ciento las familias atendidas en Atención Temprana en la provincia de Cuenca.
Así lo ha dado a conocer la delegada provincial de Bienestar Social, Amelia López, quien ha detallado que se ha pasado de 445 en el mismo periodo de 2020 a 520 este año.
Amelia López ha indicado que se trata de un incremento de 75 menores en el conjunto de la provincia de Cuenca para lo que el Gobierno regional ha destinado 8,6 millones de euros en el conjunto de Castilla-La Mancha.
La delegada provincial del área ha agradecido a los profesionales y a las entidades que hacen posible esta asistencia por su esfuerzo diario, a la vez que ha manifestado que el Gobierno regional apuesta por continuar fortaleciendo y generando nuevos recursos dentro de esta atención a menores.
El Programa de Atención Temprana se presta en la Red Pública de Castilla-La Mancha mediante la labor que realizan 350 profesionales en un proceso en el que participan, entre otros, psicólogos, logopedas, psicomotricistas o fisioterapeutas.
La Atención Temprana engloba el conjunto de intervenciones que se dirigen tanto a los niños y niñas que presenten trastornos en su desarrollo o puedan tener riesgo de presentarlos, como a sus familias y a su entorno. Su objetivo es dar respuesta lo antes posible a las necesidades de apoyo de estos niños y sus familias para posibilitar su inclusión en el entorno escolar y social, así como mejorar la calidad de vida familiar.
Estas intervenciones se desarrollan en coordinación con otros recursos comunitarios de atención y son planificadas y realizadas por un equipo de profesionales, especialistas en desarrollo infantil y atención temprana con titulaciones académicas de las ramas sanitaria, social y educativa.
En concreto, son usuarias del Servicio de Atención Temprana las familias residentes en Castilla-La Mancha con menores que presenten trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo, con edad comprendida entre 0 y 3 años. La atención se podrá prolongar con carácter excepcional hasta los 6 años, en el caso de no escolarizados o cuando así sea establecido en sus programas individuales de intervención global por los Equipos de Atención Temprana de las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social.
