El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha visitado Bodegas Ponce, una empresa familiar que elabora sus vinos bajo la Denominación de Origen Manchuela y que podrá ampararse a la nueva figura de los ‘vinos de finca’, una de las novedades de la reciente Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, aprobada en las Cortes regionales el pasado 28 de julio y cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de septiembre.
Una ley “muy necesaria”, tal y como ha dicho Martínez Arroyo, que se ha recuperado para la región “que es considerada la bodega del mundo y que servirá para defender los intereses del sector más representativo de la región, el vitivinícola, que representa ya el seis por ciento de la riqueza que se genera en la Comunidad Autónoma”.
Los ‘vinos de finca’ se incluyen por primera vez en España en una normativa, lo que permitirá elaborar por primera vez el vino con cepas de una bodega dentro de la misma denominación de origen, incluyendo este concepto y el de la DO en el etiquetado.
De la mano del administrador de la bodega, Juan Antonio Ponce Mondéjar, y acompañado por la directora general de Alimentación, Elena Escobar; el delegado provincial Joaquín Cuadrado o las diputadas regional y provincial, Joaquina Saiz y Fátima García, respectivamente, el consejero ha recorrido estas instalaciones en las que se elaboran vinos realizados con variedades autóctonas que conquistan ya mercados exteriores y que están valorados dentro de las puntuaciones Parker 2022, recogidos, además, en la prestigiosa guía para compradores de vino ‘The Wine Advocate’.
Estos vinos llegan con el nombre de Castilla-La Mancha y la comarca de la Manchuela a 25 países como EE.UU., Japón, Australia, Alemania, México, Brasil, Suiza, Holanda o Dinamarca.
La bodega dispone de 50 hectáreas de viñas viejas, contando con una producción también ecológica. Al respecto, el consejero ha trasladado que Castilla-La Mancha contará en el próximo programa de desarrollo rural 2023-2027 una nueva ayuda agroambiental para el viñedo de secano, con un presupuesto de 26 millones de euros, con el objetivo de llegar a unas 50.000 hectáreas de este cultivo, para que el viñedo agroambiental de secano siga siendo sostenible y rentable para los viticultores.
