Las más de 200 profesionales de Atención Primaria (antes llamados Básicos) del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que apoyamos el presente escrito queremos expresar públicamente nuestra perplejidad e indignación por la situación actual de las prestaciones económicas y de algunos de los servicios más básicos con los que históricamente hemos contado para ayudar a la población de nuestros municipios. Queremos llamar la atención sobre el progresivo deterioro y desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
Al final del pasado año denunciamos en varios escritos hechos públicos que las ayudas denominadas Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) llevaban meses paralizadas a pesar de que Castilla-La Mancha presenta la cuarta tasa de pobreza más elevada de las Comunidades Autónomas (siendo más de 600.000 personas, según el Informe AROPE) y un 16,2% de la población en situación de exclusión social, según el último Informe FOESSA (más de 328.000 personas).
El Gobierno Regional prometió un aumento presupuestario para el 2020 en ambas ayudas ante la alarma que se empezaba a generar por la denegación de solicitudes de IMS y la no resolución de cientos de solicitudes de AES, todo ello alegando la “falta de disponibilidad presupuestaria”. El 27 de diciembre de 2019 se publicaron las convocatorias de ambas ayudas para este año, pero el anunciado aumento presupuestario se convirtió en el DOCM en un recorte del 42% en el caso de las AES (de 5.662.920 euros en 2019 a 3.287.920 euros en 2020) y del 13% en el caso del IMS (de 15.411.600 euros en 2019 a 13.411.600 euros en 2020). Además, las cuantías para los IMS serán más bajas que el año anterior (un 3,85% inferior para una persona sola sin ingresos y un 5,99% inferior para una familia de 4 miembros sin ingresos, por poner unos ejemplos).
A finales del mes de enero nos encontramos con la denegación sistemática de una gran parte de expedientes de las AES que fueron solicitadas en el pasado 2019, estando aún sin resolverse expedientes presentados en la segunda mitad de ese año. Desde la Consejería de Bienestar Social se están aplicando nuevos criterios para la valoración de las solicitudes endureciendo el acceso a las mismas. La intención parece clara: serán menos las familias que reciban este apoyo en 2020 y, si lo reciben, será en cuantías más pequeñas.
Lejos quedan ya las convocatorias anuales de ayudas económicas a favor de mayores, menores y personas con discapacidad o las ayudas económicas para eliminación de barreras arquitectónicas, que ofrecían alternativas para poder mejorar las condiciones de vida de muchas personas sin tener que abandonar sus hogares. Ayudas que en su día fueron suprimidas y de las que nunca más se supo.
A esta situación se une la desastrosa gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) por parte de la Junta de Comunidades, lo que supone que la prestación de prevención más útil que hemos tenido históricamente en los Servicios Sociales (sobre todo en los municipios más pequeños) sea ahora un recurso de difícil acceso, condicionado a una situación de gran dependencia y en proceso acelerado de privatización por falta de financiación suficiente.
Por otro lado, la Ley de Dependencia se ha convertido en un gran embudo por el que pasan todas nuestras escasas posibilidades de apoyo a las familias. Lo que antes eran prestaciones, servicios y derechos universales ahora lo son sólo para un número cada vez más limitado de personas dependientes y con cada vez más limitaciones. La Ley de Dependencia parece no haber llegado a nuestro Sistema Público de Servicios Sociales para mejorarlo, si no para reducirlo drásticamente y privatizarlo, ya que las soluciones que se aportan ante la falta de disponibilidad presupuestaria para atender públicamente las necesidades personales
y familiares, se intentan desviar a alternativas privadas a las que, curiosamente, no faltan fondos públicos para mantener y aumentar año tras año.
El panorama actual es devastador: servicios como los Centros de Día, Servicios de Estancias Diurnas, Estancias Temporales o Estancias Definitivas en Residencias públicas están saturados allí donde existen.
Se recortan las pocas opciones de atender a la población en su domicilio y entorno habitual y se hace imposible poder ejercer una labor de prevención, que tan eficaz es para fijar población en los entornos rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto, que es algo que dicta el sentido común es, además, mucho más barato que tener que invertir en Residencias de Mayores, internamientos en centros y largas hospitalizaciones. Si, además, estos recursos están también saturados, nos queda una realidad que asusta y que desgraciadamente va empeorando con el paso del tiempo.
Otros recursos imprescindibles como los programas de Intervención Familiar y Equipos Técnicos de Inclusión están siendo financiados muy por debajo de las necesidades reales de nuestra Comunidad, con un déficit enorme de profesionales y escasa financiación en los proyectos que dependen de ellos.
Esta situación provoca una sensación de abandono, desprotección y hastío en muchas familias ante la falta de respuestas eficaces por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Los trámites burocráticos a los que sometemos a las personas que acuden a ejercer sus derechos a nuestros despachos les terminan llevando de manera indefinida a listas de espera que, normalmente, son literalmente insoportables y a la larga impiden el acceso a los recursos/servicios que les son reconocidos en la normativa legal, por lo que muchas de las situaciones y callejones burocráticos sin salida se asemejan demasiado a un maltrato institucional que tenemos el deber de denunciar.
El malestar entre las profesionales es cada vez mayor: nuestra valoración profesional y el texto normativo de las diferentes convocatorias no parece tener valor, ya que el acceso a los recursos y prestaciones al final dependen de las instrucciones cambiantes que llegan en cada momento desde la Consejería de Bienestar Social en Toledo.
Cada persona merece ser atendida y tratada de manera digna y respetuosa y no con trabas procedimentales y falsas expectativas que hacen que cada vez en mayor medida recibamos a personas que reaccionan de manera agresiva a la respuesta que desde la Administración Regional se le da a sus demandas a la hora de ver ejercidos sus derechos. Así, estamos viendo un aumento progresivo en el número de amenazas y agresiones hacia las profesionales de los Servicios Sociales Básicos (de Atención Primaria).
Nuestra labor profesional se basa, entre otras cosas, en la confianza, en la utilidad, en la credibilidad y si todo eso se pierde, las personas empiezan a plantearse para qué servimos, qué es lo que hacemos, a quien ayudamos y la existencia misma de los Servicios Sociales Públicos y profesionalizados. Quizá sea esa la intención última del Gobierno Regional: minimizar el Sistema Público de Servicios Sociales para alimentar esos otros sistemas paralelos de iniciativa privada y voluntaria cercana a la beneficencia que tan “barata” sale.
La eficacia del Sistema Público de Servicios Sociales pasa por dotar a los equipos de Servicios Sociales de suficientes profesionales, por facilitarles la financiación para los múltiples proyectos que se solicitan, ya que somos agentes conocedores de la realidad social de los municipios donde trabajamos, y pasa también por facilitar la disponibilidad de herramientas (prestaciones y servicios) eficaces para atender las situaciones de todo tipo en las que cualquier familia se puede ver inmersa. No es suficiente en la inmensa mayoría de las ocasiones encontrar en el despacho de los Servicios Sociales a profesionales que con sus recursos personales intentan escuchar y entender los problemas, preocupaciones y angustias por los que las personas usuarias están atravesando. Es necesario disponer de recursos materiales para aportar soluciones o al menos aportar algo a esa solución. Para esas personas es tremendamente frustrante salir de nuestros despachos igual que han llegado o recibir esperas de interminables meses o años para una ayuda a la que tienen derecho y que en cada vez más ocasiones llegará demasiado tarde.
Como sistema de protección, a los Servicios Sociales Básicos se nos percibe como un cajón de sastre en el que cada persona excluida de los demás sistemas de protección (vivienda, trabajo, sanidad, Seguridad Social, etc.) termina en nuestras dependencias como el último recurso para la solución a unos problemas a los que no podemos dar respuesta. Así, se nos pide que aportemos soluciones a colectivos como personas que sufren enfermedades mentales que abandonan su tratamiento en Salud Mental o la inclusión social de familias que no tienen trabajo, formación y/o vivienda. Todo esto teniendo en cuenta que además se nos hará responsables del fracaso de las intervenciones sin tener en cuenta que las causas principales de esas situaciones son estructurales y deben ser afrontadas conjuntamente desde todos los sistemas de protección.
No estamos dispuestas a seguir siendo el muro de contención de la realidad social, no queremos ser meras espectadoras de la realidad de los Servicios Sociales Básicos, ni vamos a desviar la atención de la responsabilidad de la situación social.
Por todo ello, exigimos al Gobierno Regional que refuerce presupuestariamente a los Servicios Sociales de Atención Primaria del Sistema Público de Servicios Sociales, que apueste de manera decidida por la prevención como principio básico de atención a la población, así como por la atención de toda la población mediante la gestión eficaz de derechos sociales básicos y universales, evitando así que la única salida que les quede a las familias de Castilla-La Mancha para la resolución de sus problemas más graves sean el recurrir a tantas instituciones que gestionan beneficencia con dinero público o resignarse a no poder hacer efectivos derechos básicos que tienen reconocidos.
En Castilla-La Mancha, a 9 de marzo de 2020.
200 profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales