El Gobierno regional ha introducido mejoras técnicas en el Protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta, entre las que destacan las relacionadas con la necesidad de distinguir posibles conductas de acoso de otras que ponen de manifiesto un conflicto laboral, el desarrollo de las garantías del procedimiento de actuación y la implementación de un expediente electrónico en todas aquellas actuaciones que puedan realizarse por medios telemáticos.
Así se recoge en la resolución de la Dirección General de la Función Pública, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), por la que se da publicidad al mencionado protocolo, que sustituye al aprobado por el Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral en su reunión de 4 de abril de 2018 y que será de aplicación en el plazo de dos meses.
Transcurridos dos años desde la fecha de aplicación del protocolo inicial, se inició un proceso de revisión entre representantes de la Administración de los tres sectores del empleo público y las organizaciones sindicales presentes en el Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral, al objeto de analizar y proponer posibles mejoras, durante el que se ha considerado conveniente actualizarlo.
Como novedad, en cuanto a las medidas de prevención, se incorpora la difusión de la normativa relativa a las sanciones disciplinarias y penales que pueden ser impuestas a quienes realicen actos de acoso laboral. Además, todas las partes han coincidido en la necesidad de seguir implementando, avanzando e introduciendo mejoras sobre el protocolo vigente para sensibilizar, prevenir y evitar conductas que pudieran constituir acoso laboral o acoso discriminatorio en el lugar de trabajo.
De aplicación para todo el personal empleado público de la Junta
El ámbito de aplicación del protocolo se extiende a la totalidad del personal empleado público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo y la duración de la misma, sin perjuicio de que puedan implementarse protocolos propios en el ámbito de los Comités Sectoriales de Seguridad y Salud Laboral del personal docente no universitario o del personal de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castila-La Mancha, que den respuesta a sus necesidades específicas.
Este protocolo tiene por objeto establecer mecanismos para sensibilizar, prevenir y evitar conductas que pudieran constituir acoso laboral o acoso discriminatorio en el lugar de trabajo y fijar un procedimiento de actuación ante los casos que pudieran darse en el ámbito de la Administración regional y sus organismos autónomos.
El texto se planteó y diseñó desde una perspectiva esencialmente preventiva, para poder identificar y actuar en la fase más precoz de los posibles casos y que estas conductas se eliminen o, en la peor de las situaciones, produzcan el menor efecto posible sobre quienes las sufran y supongan una sanción para quienes las practiquen.
De esta manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se compromete a garantizar un entorno laboral positivo, saludable y libre de acoso en el lugar de trabajo; a rechazar todo tipo de conducta de acoso; a garantizar a su personal el derecho a plantear una queja o reclamación sobre esta materia, sin temor a ser objeto de intimidación o de trato injusto, discriminatorio o desfavorable y a garantizar la salud laboral de sus trabajadores.
