La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha enviado hoy unas instrucciones a todos los centros educativos de Castilla-La Mancha en las que se señala que, con carácter general, se reanude la actividad lectiva presencial, actividades complementarias, extraescolares y/o servicios complementarios en todos los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma a partir del próximo lunes, día 18 de enero.
En las instrucciones, de las que también se ha informado a los ayuntamientos, se detalla que en el caso de que el consistorio de la localidad, el equipo directivo o la administración educativa conozca algún aspecto que haga inviable la apertura del centro se comunicará a la delegación provincial de la Consejería correspondiente para que en esos centros se dé continuidad a la educación no presencial.
Entre las causas para la no apertura se ponen como ejemplo que no se hayan podido completar las tareas de acceso o de acondicionamiento en los centros educativos, existan problemas de funcionamiento de los sistemas de calefacción, que los viales en la localidad no estén acondicionados o la red de carreteras de acceso al municipio se encuentre cortada o afectada por restricciones de tráfico.
Igualmente, se pide que cuando estas situaciones se resuelvan la vuelta a la educación presencial en estos centros sea comunicada tanto a la delegación provincial correspondiente como a la comunidad educativa de cada uno de estos centros.
A la espera de la evolución de las medidas, se señala que deben permanecer atentos a las informaciones transmitidas a través de los medios oficiales de información, alertas, Portal de Educación y medios de comunicación.
Por último, se ruega a los equipos directivos de los centros educativos que informen con antelación al profesorado, personal de administración y servicios, alumnado y sus familias si el centro estará disponible para la educación presencial u online.
La consejera ha querido reconocer el gran esfuerzo que están realizando ayuntamientos, diputaciones provinciales, empresas, equipos directivos y las distintas consejerías de la Junta de Comunidades “para hacer de nuestros centros educativos espacios seguros”.
