La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado de la aprobación de un gasto que asciende a 17 millones de euros en materia de protección, prevención y atención a la infancia, a las familias y a los menores en la región.
Este importe tiene como finalidad “defender la integridad y el bienestar, especialmente de la infancia, pero también pretende intervenir en las familias que puedan tener situaciones de conflictividad social, para evitar la violencia doméstica que muchas veces tiene como víctimas a las y los menores”, ha explicado Fernández en su comparecencia habitual para informar de los asuntos del Consejo de Gobierno.
Del total, el Consejo de Gobierno ha aprobado 14,9 millones de euros con el objetivo de suscribir ocho convenios de colaboración con otras tantas entidades para la gestión de plazas y hogares para el acogimiento residencial de menores, como son Accem; Aldeas infantiles SOS; Asociación Colabora; Asociación para la Integración del Menor; Fundación Diagrama Intervención Psicosocial; Mensajeros de la Paz; Paideia y Asociación Vasija.
La portavoz del Ejecutivo regional ha explicado que, con estos ocho convenios, se financiarán los gastos de 45 hogares y centros para el acogimiento residencial de menores, que suman un total de 394 plazas.
Hay que tener en cuenta que las y los menores que se encuentran en situación de acogimiento residencial son niños y niñas de entre cero y 18 años sobre quienes la Junta de Comunidades ha tenido que asumir la medida de tutela o guarda para “proteger su desarrollo personal, emocional y social, y evitar que sigan sufriendo abandono de alguna de sus necesidades básicas o incluso violencia como ocurre en algunos casos”, ha explicado Fernández.
Garantizar paz, estabilidad y seguridad
Blanca Fernández ha manifestado que el programa de acogimiento residencial en hogares de protección de menores “garantiza el derecho de niñas y niños a vivir en paz, a tener estabilidad emocional y seguridad en un marco de convivencia adecuado a sus necesidades y lo más parecido a entornos familiares”.
En este sentido, los hogares residenciales de media y larga estancia se consideran unidades de convivencia similares a las viviendas familiares por el número de menores que viven en las mismas, por su funcionamiento y por las dinámicas de intervención, que intentan reproducir en la medida de lo posible un ambiente de convivencia similar al familiar, respetando los patrones sociales normativos sobre distribución de espacios, actividades, reglas y relaciones personales así como utilizando los recursos sociales comunitarios para la cobertura de las necesidades escolares, sanitarias, de ocio y tiempo libre, entre otros.
Ampliación de personal para reforzar la atención
Precisamente para abordar con las mejores garantías estos servicios y para reforzar la atención, la consejera portavoz ha anunciado la incorporación de 27 profesionales más en los hogares (personal de Educación Social, de Psicología y auxiliar técnico educativo), además del incremento salarial de los 398 profesionales que se incluyen en los ocho convenios. Al primer concepto se destinará 543.101 euros y a la subida de los sueldos otros 429.588 euros. En total, a ambas cuestiones, el Gobierno que preside Emiliano García-Page destinará más de 972.000 euros, incluidos en los 14,9 millones indicados con anterioridad.
Por lo que respecta al incremento de las y los profesionales se distribuirá de la siguiente manera: once profesionales de la Educación Social en Padieia: un psicólogo o psicóloga y dos educadores o educadoras sociales en Aldeas Infantiles; otra persona profesional de la Educación Social en Bayco; dos más en la Fundación Diagrama y cinco en Colabora; un auxiliar técnico o técnica educativo además de dos educadores o educadoras sociales en la Asociación Integral para el desarrollo de menores; y otras dos personas con esta misma titulación en Accem.
Servicios y programas de prevención y atención a la infancia y las familias
Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la concesión de dos subvenciones a la Asociación Colabora y a la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo (AMFORMAD) que suman 2.166.403 euros para proyectos destinados al desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias.
Blanca Fernández ha subrayado que “estas entidades poseen acreditada experiencia” en el desarrollo de programas de prevención y apoyo a las familias teniendo carácter de continuidad, en tanto que vienen funcionando desde hace varios años
En una explicación detallada, la consejera de Igualdad y portavoz ha indicado que, en el caso de AMFORMAD, se encargará del programa de prevención e intervención en violencia familiar y violencia filioparental. “Este programa tiene como finalidad el apoyo y la intervención psicosocial y educativa de aquellas familias en cuyo seno se produce o hay riesgo de que se produzca violencia familiar, así como la prevención de situaciones de violencia en aquellos núcleos familiares que pudieran encontrarse en situación de riesgo”, ha especificado la consejera.
El programa se desarrolla a través de siete centros ubicados en las capitales de provincia de la región, así como en Talavera de la Reina y en Alcázar de San Juan, teniendo en cuenta además que dispone de un equipo itinerante en esta última localidad de Intervención en Violencia Familiar compuesto por dos profesionales de psicología que atienden a la población de la zona Mancha-Centro.
En cuanto a la población destinataria, Blanca Fernández ha dicho que es el conjunto del núcleo familiar en riesgo de abandono o violencia, o donde se haya producido, que incluye padres, madres, hijos e hijas, abuelos y abuelas y, en su caso, otros familiares que residan en la Comunidad Autónoma, ya que es un programa de carácter regional.
Por tanto, la consejera de Igualdad y portavoz ha aclarado que “no se trata de un programa de violencia de género, no está dirigido a las mujeres, ni a violencia doméstica, ni al abuso sexual específicamente. Es un proyecto integral que intenta prevenir todo tipo de violencia. Estamos hablando de intervención directa por parte de los profesionales en el seno de las familias”, ya que estos temas son abordados por otros programas específicos.
Recurso social especializado para las familias
Respecto al programa para la gestión de los puntos de encuentro familiar, gestionado por la Asociación Colabora, cabe indicar que estos servicios de referencia se sitúan en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina.
Fernández ha recordado que “los Puntos de Encuentro Familiar son un recurso social especializado, en un lugar físico idóneo y neutral para facilitar el régimen de visitas a niñas y niños por parte de alguno de los progenitores que no tenga la guarda, la custodia o que tengan dificultades a la hora de conciliar posturas en cuanto al régimen de visitas. También se trata de crear un ambiente en el que se sientan acogidos y acogidas los menores y en el que puedan encontrarse en un ámbito seguro en el que se den las mejores condiciones desde el punto de vista emocional”.
Se trata de una intervención temporal de carácter psicosocial y educativo por parte de profesionales debidamente formados cuyos objetivos se centran en facilitar el régimen de visitas en un lugar físico neutral; garantizar el derecho fundamental de los hijos e hijas a relacionarse con ambos progenitores y con su familia extensa; apoyar a los progenitores para que puedan tener una relación normalizada independientemente de su ruptura como pareja; y prevenir situaciones de violencia en relación con el cumplimiento del derecho a visitas.
Por último, y a modo de balance, la consejera y portavoz ha recordado que, en el pasado año 2021, los beneficiarios fueron 763 familias y 1.096 menores, en el caso de los Puntos de Encuentro Familiar, y 3.309 beneficiarias y beneficiarios directos en el Programa de Prevención e Intervención en Violencia Familiar.
“Programas que tienen corazón, que tienen alma y que tienen mucho sentido en una sociedad en la que la familia merece y debe ser protegida, pero especialmente la infancia, que debe ser apartada de cualquier situación de riesgo, abuso, acoso o abandono que pueda provocar un daño emocional, muchas veces con secuelas en el tiempo”, ha concluido la consejera.
