El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han presentado un requerimiento formal ante la Consejería de Desarrollo Sostenible exigiendo la aprobación urgente de un Plan de Recuperación del lobo ibérico. Las entidades otorgan un plazo máximo de tres meses a la administración autonómica para tramitar este documento normativo. De no recibir una respuesta firme y ejecutiva en este periodo, las organizaciones ambientalistas advierten que elevarán el caso a la vía judicial. La exigencia responde al incumplimiento prolongado de la Ley autonómica 9/1999 de Conservación de la Naturaleza.
Esta legislación autonómica, junto con la normativa estatal, obliga a redactar y ejecutar planes de gestión específicos para aquellas especies catalogadas en peligro de extinción. El lobo ibérico ostenta esta categoría máxima de protección en el Catálogo Regional de Castilla-La Mancha desde el año 1998. El portavoz de Ecologistas en Acción en la región, Miguel Ángel Hernández, subraya que el mal estado de conservación del cánido requiere medidas transparentes y dotación real de recursos tras casi tres décadas de inactividad administrativa.
Por su parte, el equipo jurídico de las organizaciones recuerda que el Gobierno regional carece de discrecionalidad para decidir si redacta o no este plan. La abogada ambientalista Sara Gonzalez detalla que se trata de una obligación legal directa del ordenamiento jurídico español y autonómico. Según la letrada, la paralización de la Junta en esta materia constituye una vulneración evidente del principio de legalidad ambiental.
La recolonización estancada en Guadalajara
Durante el último año, el archivo histórico de Liberal de Castilla ha documentado los distintos episodios sobre la presencia y el asentamiento del lobo en la provincia de Guadalajara, territorio que se ha convertido en la principal vía de recolonización natural de la especie. Sin embargo, Ernesto Díaz, representante del Fondo Lobo, precisa que esta expansión biológica se encuentra estancada desde hace años y la población no logra progresar hacia otros territorios. Mientras se registran avistamientos puntuales y esporádicos en la provincia de Toledo, el animal ha desaparecido por completo de sus antiguos dominios en Sierra Morena y los Montes de Toledo.
El retorno del lobo a ciertas comarcas guadalajareñas por sus propios medios no exime a la Junta de Comunidades de sus responsabilidades legales para garantizar su viabilidad a largo plazo. Las organizaciones inciden en que la simple catalogación en un papel no es un adorno institucional, sino un mandato que exige intervenciones concretas sobre el territorio. Sin este instrumento de gestión, resulta imposible consolidar el papel del depredador como regulador natural de las poblaciones de ungulados silvestres, un desequilibrio que actualmente obliga a la administración a gastar numerosos recursos públicos.
Coexistencia con la ganadería local
La falta de este marco regulador paraliza también las soluciones directas para los habitantes del medio rural. El seguimiento informativo de este diario refleja cómo la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva en zonas como la Sierra Norte de Guadalajara genera episodios de tensión que requieren una respuesta institucional planificada. La aprobación definitiva del Plan de Recuperación cambiaría este escenario de incertidumbre económica para el sector primario.
El documento permitiría implementar de forma estructurada medidas preventivas en las explotaciones ganaderas para evitar daños. Asimismo, dotaría a la administración de un mecanismo legal para agilizar el pago de indemnizaciones ante los ataques que puedan sufrir los rebaños. Las entidades impulsoras del requerimiento insisten en que estas herramientas son ineludibles para tender puentes reales hacia la coexistencia, protegiendo tanto la economía de los ganaderos locales como la función ecológica irremplazable de la especie.
