El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica en su edición de hoy los nombramientos del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, que encabeza el ex presidente del Gobierno regional, José María Barreda.
El pasado mes de julio, el pleno de las Cortes regionales aprobó estos nombramientos en un consejo que estará integrado por 21 miembros de los que 15 representan los intereses sociales de la región.
Junto a José María Barreda se encuentran los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, María Isabel Sánchez Cerro; Ángel Tomás Godoy Martínez y Pedro Cano Gómez a los que se suman tres miembros designados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que son Ana Manuela Soler Sanchiz; Cristina Tirado Rivero y Olga María Mediano San Andrés.
En el caso de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha su representante será José Julián Gregorio López y por parte de las organizaciones empresariales estarán Ángel Nicolás García y Rosario Jiménez Gómez.
En el caso de las organizaciones sindicales estarán Raquel Payo Puebla y María del Carmen Campoy Herrera a las que se sumará un miembro designado entre entidades, fundaciones o empresas que tienen convenios de prácticas de colaboración con la UCLM que en este caso será Pedro Palacios Gómez.
Además, habrá un miembro designado por la Confederación de Entidades de Economía Social de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real Sánchez-Flor, y otro de la Mesa del Tercer Sector de la región, José Antonio Romero Manzanares.
Junto a ellos también forman parte el rector de la UCLM, José Julián Garde; la secretaria general de la institución académica, Isabel Gallego; el gerente de la misma, Tomás López, así como representantes de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico de gestión, administración y servicios.
El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha es el órgano de participación de la sociedad en la universidad. Su principal función es promover la colaboración entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social, así como supervisar la calidad de la actividad universitaria.
