El Defensor del Pueblo ha determinado, en una resolución que se acaba de conocer, que en la gestión sobre el programa Recual de Dinamizadores Culturales el equipo de gobierno de José Miguel Cócera y Vidal Gaitán mintió, “quebrantando el principio de confianza legítima” del Ayuntamiento de Yebes, y la Junta reformuló el programa de forma irregular sin que el consistorio hiciera nada para evitarlo. “El Ayuntamiento de Yebes sabía que no iba a poder entregar el certificado de profesionalidad oficial prometido y, aún así, continuó adelante con sus mentiras, tanto en las propias bases reguladoras de la convocatoria, como en las respuestas que proporcionaba al alumnado participante en el programa, en el discurso público de Cócera y en la comunicación institucional partidista del consistorio”, ha valorado el candidato de Unidas Podemos a la alcaldía, Juli Amadeu Àrias. “Incluso lo vendieron como un hito con respecto a formaciones de años anteriores”, ha añadido.
El Defensor del Pueblo ha realizado al Ayuntamiento de Yebes un “recordatorio de deberes legales” y Àrias lamenta que “la mala gestión del gobierno de Cócera y Gaitán de este programa y las mentiras para tapar sus errores manchen el nombre del Ayuntamiento”. “Prometieron un certificado de profesionalidad que sabían de antemano que no iban a poder entregar, según recoge el Defensor del Pueblo en su resolución, y aún así José Miguel Cócera trató de hacer pasar un título propio del Ayuntamiento por un certificado de profesionalidad oficial en el pleno”, ha explicado el candidato de Unidas Podemos.
“Cócera debe disculparse públicamente y dar una solución al alumnado”
El Defensor del Pueblo ha observado que el Ayuntamiento de Yebes quebrantó el principio de confianza legítima establecido en el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y ha dado por finalizadas las actuaciones practicadas en relación a la queja del alumnado, impulsada por Podemos, sobre la gestión del programa Recual de Dinamizadores Culturales. Tras conocer el escrito firmado por Ángel Gabilondo, el candidato de Unidas Podemos ha valorado que “José Miguel Cócera debe disculparse públicamente por mentirnos en nuestra cara, tanto al alumnado y a la oposición, como al conjunto de la población”. Por otra parte, la resolución del Defensor del Pueblo deja claro, según denuncia Unidas Podemos, que “a nivel administrativo la Junta realizó la reformulación del programa de forma irregular, sin seguir las formalidades establecidas reglamentariamente, y el Ayuntamiento de Yebes no hizo nada para evitarlo”.
Por todo ello, alega Àrias, “Cócera debe reconocer el engaño y dar una solución al alumnado, para que pueda acceder de una vez al prometido certificado de profesionalidad oficial, sin excusas”. En su momento, Podemos puso encima de la mesa que el Ayuntamiento y la Junta podían ofrecer el módulo que le faltaría al alumnado mediante formación reglada a distancia, de forma que sería compatible con la conciliación de estas personas afectadas.
“Creemos que al clarificarse la mala praxis del equipo de gobierno en este asunto, se hace justicia con la verdad y con el alumnado que ha estado reclamando sus derechos”, ha añadido Àrias. “Queremos agradecer la valentía del alumnado para transformar una situación injusta y hacer valer sus derechos frente a la palabra dada por el Ayuntamiento de Yebes en la publicación de unas bases reguladoras oficiales, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el 22 de julio de 2020”, ha valorado el candidato de Unidas Podemos. “También es justo reconocer la implicación, sobre todo, de la concejala no adscrita Alicia Ávila, que fue la primera en preguntar por los títulos en el pleno, así como también la colaboración de José Cordero y de Esther García”.
El Defensor del Pueblo concluye recordando al Ayuntamiento de Yebes que tiene el “deber legal” de respetar el principio de confianza legítima, según recoge el Régimen Jurídico del Sector Público. Podemos está estudiando con sus servicios jurídicos si las irregularidades constatadas por el Defensor del Pueblo podrían ser, además, constitutivas de algún presunto delito.
