Guadalajara ha acogido este viernes la reunión del Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castilla-La Mancha, con el presidente del Colegio de Guadalajara, Aarón Sanz, como anfitrión y donde han abordado las futuras líneas de trabajo de este órgano.
El encuentro, que se ha celebrado en el Palacio del Infantado, tiene como “discusión básica la representación y defensa de nuestra profesión a nivel regional”, ha subrayado Sanz, que ha remarcado “el orgullo” que supone “para nosotros que este acto se celebre en Guadalajara porque sucede una vez cada tres años”.
El Pleno ha contado con la presencia, además, del presidente del Colegio de Aparejadores de Ciudad Real, José Luis Arias; del presidente del Colegio de Aparejadores de Albacete, Eduardo Cuevas y de los presidentes de los Colegios de Cuenca y Toledo, Laura Segarra y José Antonio de la Vega.
A la inauguración del encuentro ha asistido también el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Eusebio Robles, acompañado del delegado provincial de Fomento, Teo Baldominos; el director del Museo de Guadalajara, Fernando Aguado y el expresidente del Colegio de Aparejadores de Guadalajara, Antonio Miguel Trallero, que ha obsequiado a los asistentes con un libro sobre el Palacio del Infantado y su artesonado.
El delegado de la Junta, Eusebio Robles, se ha mostrado “orgulloso” de que “podáis utilizar este Palacio, que estamos empeñados en que sea un espacio mucho más abierto a la ciudadanía” y ha afirmado que “la comunicación entre los colegios profesionales y la Junta debe ir de la mano” asegurando futuras reuniones con el colectivo de aparejadores.
La colaboración entre el Consejo de Colegios de Aparejadores de Castilla-La Mancha y la institución regional ha sido, precisamente, uno de los puntos claves de este encuentro. Entre los temas abordados, las líneas de trabajo que los cinco colegios de la región ofrecen ya a la Junta de Comunidades (JCCM), entre ellas: la defensa de las competencias del Consejo regional en materia de urbanismo; la agilización de trámites; la colaboración para la rehabilitación de edificios y la necesidad de dar continuidad a las líneas de ayudas; la designación de técnicos por bolsa de trabajo; la obligatoriedad de la colegiación de los técnicos y de la aplicación, desde el pasado mes de abril, del decreto IEE; o el Informe de Evaluación del Edificio, que cada Ayuntamiento debe emitir al inicio del año a la Junta con un listado de edificios que deben pasar la inspección.
También se ha hecho mención a las reuniones pendientes con las diferentes Consejerías -Educación, Cultura, Sescam, Hacienda, Administraciones Públicas…- para fijar las condiciones de contratación de profesionales con el fin de crear transparencia a la hora de designar técnicos, la creación de una Comisión de Seguimiento del Convenio de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, la fijación de unos costes profesionales mínimos para ofrecer servicios de calidad, la participación en el ‘Grupo de Trabajo de la Construcción’ de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social y la elaboración de un borrador de contenidos del Libro del Edificio.
Además, se han dado cuenta de algunas medidas adoptadas en el sector de la edificación como la propuesta de redefinir el concepto de habitabilidad y una posible Ley de Vivienda y Arquitectura, la aprobación de mejoras en la certificación de la eficiencia energética de los edificios, la necesidad de que los técnicos cuenten con documentos acreditativos de su Desarrollo Profesional Continuo o la necesidad de una baremación de honorarios.
En clave más interna, se han adoptado también acuerdos relativos al calendario de reuniones del Consejo de cara a 2020 y asuntos de tesorería y presupuestos para el próximo ejercicio.
