El 80% de la plantilla de Correos en Castilla-La Mancha, integrada por unos 2.500 efectivos, ha secundado los paros parciales convocados en la primera jornada de movilizaciones del sector a nivel nacional para exigir que cese la precarización de las condiciones laborales, aumente el presupuesto y se garantice el servicio público de correos en rincones de la región con menos población.
Con el lema “Por un correo público y de calidad” los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre han convocado unas movilizaciones cuyo seguimiento han calificado de “muy positivo” tanto en los paros parciales como en las concentraciones convocadas en las cinco capitales de Castilla-La Mancha.
El delegado de UGT en Correos Toledo, Carlos de la Torre, ha exigido que el Gobierno de España “cumpla con su obligación de pagar el canon de sobrecoste de los servicios de operador público que tiene encomendado Correos por repartir en los pueblos más pequeños, donde no llegan los operadores privados”, además ha exigido “un Plan Estratégico del que carece la empresa desde hace varios años, junto a la aprobación de un Convenio Colectivo que finiquitó hace cuatro años”.
Para Carlos de la Torre, la forma que tiene Correos de precarizar el empleo es “procurar tener muchas vacantes y no contratar”, por lo que en Castilla-La Mancha están en peligro unos 1.000 empleos, ya que la falta de reposición de bajas y supresión de puestos vacantes puede dejar la plantilla en apenas unos 1.500 puestos de trabajo.
Las organizaciones sindicales han recalcado que con esta primera jornada de movilizaciones exigen al nuevo Gobierno y a la Dirección de Correos que pongan fin a las políticas de austeridad que han dejado a la empresa postal pública con un recorte de 180 millones de euros en sus partidas presupuestarias, cuya repercusión recae en sus cuentas con un déficit previsto de 225 millones de euros.
Para los sindicatos, es notoria “la merma de calidad del servicio postal público prestado que amenaza de supresión de unos 1.000 puestos de trabajo en la región”, en el marco de unos derechos bloqueados desde hace cuatro años por la falta de un Convenio Colectivo, con un salario recortado y unas condiciones laborales cada vez más precarias en las que la temporalidad supone el 35% de la plantilla y los “minijobs” un 22%.
