Las zonas rurales de España están experimentando transformaciones ambientales y sociales sin precedentes, con la despoblación y el cambio climático como protagonistas más destacados. De hecho, el 28 % del territorio rural español está expuesto a altas tasas de despoblación, el 45 % a problemas de aridez, y el 17,5 % a ambos problemas a la vez.
Esta es la principal conclusión del estudio La España desertificada, del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a cargo de los investigadores Cara Maeztu, Gerard Pocull, Esteve Corbera y Sergio Villamayor-Tomas, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB).
Dicho 17,5 % se reduce al 11,5 % en las zonas rurales accesibles (con una baja densidad poblacional y usos de la tierra mayoritariamente agrícolas, pero conectadas con centros urbanos) y aumenta al 23,3 % en las zonas rurales remotas (con una baja densidad poblacional, usos de la tierra agrícolas y desconectadas de centros urbanos).
La superposición de los mapas sobre la prevalencia de la despoblación en España con los mapas de exposición al cambio climático (medido, por ejemplo, a través del riesgo de aridez) permite identificar regiones en las que existe una doble exposición.
Ante esta realidad, existen diversos factores de mitigación de la despoblación, como el desarrollo de la agroindustria y de las energías renovables, el turismo rural y ambiental, la inmigración, la disponibilidad de vivienda, la oferta cultural y de entretenimiento rural, y la conectividad con las zonas urbanas. Sin embargo, algunos de estos factores pueden acarrear efectos no deseados, tanto de tipo social como ambiental.
Por ejemplo, el desarrollo agroindustrial conlleva la concentración de explotaciones y de servicios agrícolas, lo que dificulta que jóvenes agricultores e inmigrantes tengan acceso a la tierra. De un modo similar, la intensificación agropecuaria puede contribuir a la erosión de los suelos, a la sobreexplotación y a la contaminación de los recursos hídricos, aumentando así el riesgo de aridez y disminuyendo la resiliencia del territorio al cambio climático.
