El 22 de febrero de 2022 se produjo la muerte en el municipio conquense de Villagordo del Marquesado de un águila imperial ibérica. Su localización inmediata, gracias al emisor GPS que llevaba, permitió descubrir con rapidez los cadáveres de otros dos ejemplares envenenados de esta misma especie y dos milanos reales. Todas estas especies están catalogadas “en peligro de extinción”.
Tras más de dos años después de suceder los hechos, solamente ha declarado uno de los investigados (el 23 de abril de 2024), quedando aún dos investigados por declarar. WWF y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, que están personadas en el caso, muestran su preocupación debido a que se está ralentizando demasiado la instrucción en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Tarancón (Cuenca).
Este retraso puede conllevar a que el caso se quede archivado debido a las dilaciones en la investigación y que, como consecuencia de ello, estos delitos queden impunes ante una posible prescripción. Los delitos contra la fauna silvestre son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas, como es este caso.
España está a la vanguardia europea en ciertos ámbitos de la lucha contra el crimen contra la vida silvestre, por ejemplo, con los equipos multidisciplinares que combaten el uso de veneno en el campo. Sin embargo, y pese a la gravedad de estos delitos, la mayoría de los casos no llegan a ser juzgados, tratándose como una mera infracción leve por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver.
Según los datos del proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), sólo un 6.67% de los casos registrados de delitos contra las especies silvestres entre 2015 y 2020 acabaron con una sentencia judicial. El uso ilegal de veneno fue el delito más abundante en España de los casos detectados, seguido de la caza ilegal. Sin embargo, su persecución sigue siendo muy escasa: de los 1899 casos detectados de uso ilegal de veneno, tan sólo 26 acabaron en una sentencia judicial.
Las ONGs están especialmente preocupadas por el repunte del uso del veneno en Castilla-La Mancha. Cuenca es actualmente una de las cuatro provincias españolas con más posibilidades de crecimiento en la recuperación de la población nidificante de águila imperial ibérica, junto con Zamora, Palencia y Burgos. Sin embargo, episodios de envenenamiento como el ocurrido en Villalgordo del Marquesado ponen en serio peligro la recuperación de esta especie.
“Los crímenes contra la vida silvestre no son infracciones menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales”, asegura Silvia Díaz Lora, Técnica del Programa de Especies de WWF España. “Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer”, lamenta. “Es necesario y urgente que se incremente la persecución y enjuiciamiento de estos delitos, para que dejen de ser delitos invisibles”, advierte.
Para Miguel Ángel Hernández, del área de naturaleza de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, “es esencial que los tribunales y las fiscalías actúen con diligencia y determinación para esclarecer los gravísimos hechos denunciados en Villalgordo del Marquesado”. Y reafirma, “siendo un caso tan grave, sería aún más grave si los delitos cometidos quedaran impunes por un problema procedimental”.
