El pasado viernes 19 de mayo, Ecologistas en Acción de la Manchuela ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Cuenca por la comisión de un posible delito ambiental consistente en la destrucción del bosque de ribera en el río Cabriel a su paso por el monumento natural de las Chorreras del Cabriel, en los términos municipales de Víllora y Enguídanos (provincia de Cuenca).
En esta operación de tala, descuaje y desbroce, que se inició en la junta de los ríos Guadazaón y Cabriel, se ha eliminado la vegetación de ribera en un tramo de 350 m de longitud y 15 m de ancho en las orillas del Cabriel, en una zona núcleo de la recientemente declarada Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
La operación fue efectuada durante el mes de abril de 2023 por la empresa pública Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), integrada en el holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y orientado hacia “el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza”.
Ecologistas en Acción de la Manchuela se ha dirigido a la Asociación Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel -el órgano gestor de la Reserva de la Biosfera-para poner en su conocimiento esta agresión ambiental y solicitar su intervención. Por otra parte, ha solicitado a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca el acceso al expediente que ha dado lugar a estas actuaciones.
Puesto que por el momento la Delegación Provincial no ha proporcionado acceso al expediente, se desconoce qué organismo o entidad es la promotora de esta actuación, y si cuenta con las autorizaciones preceptivas. Parece difícil que sea así, ya que la vegetación de ribera afectada está calificada como hábitat de protección especial a nivel regional, y hábitat de interés comunitario para la Unión Europea, lo que implica que no puede ser alterada negativamente salvo por un interés público de orden superior.
Se desconoce por completo cuál puede ser este interés público superior a la conservación del ecosistema ripario dentro de un monumento natural que se ha declarado precisamente para proteger los recursos naturales asociados al río Cabriel en el paraje de las Chorreras, y que además constituye una de las zonas núcleo, quizá la más destacada junto a la reserva natural de las Hoces del Cabriel, de la recientemente declarada Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Dado que es perfectamente conocido que este tipo de actuaciones, mal llamadas “limpiezas” de los ríos, no solo son inútiles sino además dañinas y contraproducentes, cabe especular que el interés de las administraciones promotoras y/o facilitadoras de esta actuación puede ser promover aún más el uso público masivo en el monumento natural de las Chorreras del Cabriel.
A este respecto, está a punto de comenzar la temporada de verano, y la modificación del plan de uso público en este espacio aún no ha visto la luz, aunque es posible que no resuelva los problemas existentes en este bellísimo y frágil enclave de la provincia de Cuenca. Durante la tramitación de la nueva Orden que regula el uso público, varias organizaciones ambientales han solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible la prohibición del baño en este espacio natural protegido para desincentivar los comportamientos inadecuados que están poniendo en riesgo a las personas (según la propia estadística de accidentes publicada en la web de áreas protegidas) y causando daños ambientales (erosión, destrucción de elementos geomorfológicos, residuos, alto riesgo de incendios…).
Por el contrario, parece que la Consejería de Desarrollo Sostenible ha optado por promover dichos comportamientos, habilitando gracias a esta actuación más espacio para la masificación de bañistas y acumulación de residuos.
Independientemente de las razones que hayan podido motivar esta operación, se trata de una destrucción de recursos naturales protegidos dentro de un espacio natural que podría constituir un delito ambiental, y mediante la denuncia interpuesta se ha puesto en conocimiento del SEPRONA para que se investigue el asunto y se determine la responsabilidad de las administraciones o empresas implicadas.
