La Diputación de Cuenca va a crear el Instituto de Documentación sobre la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural, que se ubicará en la Casa Curato, junto a la iglesia parroquial de San Pedro, en pleno Casco Histórico de la capital. Para ello, el Pleno de la institución provincial ha dado hoy el primer paso con la aprobación de una moción presentada por el Grupo Popular en este sentido, que, sin embargo, no ha contado con el respaldo de socialistas e Izquierda Unida, que han preferido abstenerse por considerar que el proyecto no estaba lo suficientemente fundamentado.
Una moción con la que la Diputación acuerda iniciar el correspondiente expediente para la creación de este recurso, que, según el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, se sustenta en tres grandes pilares, como son la inexistencia de un instituto de estas características en el país, la colaboración y apoyo de la Asociación Nacional de Historiadores de Arte y el hecho de que se va a dar un uso excepcional a un edificio de la Diputación, como es la Casa Curato, que, sin duda, convertirá a Cuenca en referente en esta materia; todo ello, sin olvidar, tal y como ha subrayado, que esta iniciativa viene a complementar el firme compromiso demostrado por este equipo de Gobierno con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico como herramienta dinamizadora y diversificadora de nuestra economía, invirtiendo más de 20 millones de euros en más de ochenta intervenciones en los últimos ocho años.
Es por ello que en dicha moción se encomienda al Departamento de Cultura de la Diputación la instrucción del expediente, en coordinación con la Vicepresidencia económica, con el fin de emitir y recabar todos los informes que sean precisos, además de instar a la colaboración y apoyos de otras instituciones, como por ejemplo, el Ayuntamiento de Cuenca, el Consorcio Ciudad de Cuenca, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad Regional, el Instituto nacional de Patrimonio Cultural, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Comité Española de Historia del Arte.
Y es que, según ha dado cuenta durante el Pleno el vicepresidente de la Diputación, Julián Huete, este instituto tendrá entre sus funciones y servicios el preservar la literatura escrita, documentos y material gráfico depositados bajo su custodia y ponerlo a disposición de investigadores, profesionales, estudiantes de doctorado que estén interesados en su consulta, el fomentar la investigación en la preservación del patrimonio en las diferentes áreas y especialidades, el facilitar y apoyar a los investigadores, gracias a la concentración de los fondos y su facilidad de acceso o la creación de un repositorio de expertos que puedan asesorar y realizar informes para las instituciones públicas o a los particulares sobre temas relacionados con la conservación del Patrimonio.
No en vano, inicialmente, se contempla que los fondos de este instituto sean bibliográficos y documentales (desde proyectos de restauración hasta planos y cartografías, pasando por proyectos de investigación), que se formen a partir de donaciones de libros y documentos de personas e instituciones, constituyendo una biblioteca y archivos especializados en la conservación de patrimonio cultural y la investigación en historia del arte y patrimonio artístico.
De hecho, entre sus servicios, se baraja la lectura en sala, la reproducción de documentos solo en casos excepcionales, la organización de actividades relacionadas, como exposiciones, conferencias, jornadas, congresos, etc. y ser el repositorio de los catálogos de obras del patrimonio cultural de Cuenca.
Retorno digno y dignidad de la geriatría
Pero ésta no ha sido la única moción abordada en el Pleno ordinario de este miércoles. Izquierda Unida ha presentado tres y el Grupo Socialista dos, que, por cierto, han corrido una suerte dispar. Así, por ejemplo, se ha aprobado la moción de IU por un retorno digno con el respaldo del Grupo Popular y la abstención del PSOE.
En concreto, la Diputación ha acordado instar al Gobierno regional a que cuantifique la cifra real de personas emigradas y se tenga en cuenta en los presupuestos autonómicos con el fin de que los servicios públicos puedan absorber la demanda y necesidades de la población. Asimismo, entre otras cuestiones, se habla de la creación de una oficina de atención a las personas emigradas y retornadas, así como de un registro de tierras improductivas, viviendas vacías y patrimonio rural por repoblar como medios para garantizar la dinamización económica.
También con el apoyo de los populares y la abstención de los socialistas, otra moción de Izquierda Unida de defensa de la dignidad de la geriatría ha salido adelante. Como consecuencia, se ha decidido instar al Gobierno central a la aprobación de una ley marco nacional con los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben de reunir los centros residenciales de mayores, a la vez que se exige que las administraciones nacional y autonómica velen por el cumplimiento de estos requisitos.
De la misma manera, se pide el refuerzo de las inspecciones de la Junta de Comunidades sobre las residencias de mayores, además de apoyar las justas reivindicaciones laborales del personal de las residencias privadas.
Otras mociones
No ha corrido la misma suerte la tercera y última moción de IU, en este caso en defensa de la autonomía de los municipios en lo relativo a la organización de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los servicios públicos básicos, puesto que no ha llegado ni a tratarse por el plenario al ser rechazada su urgencia de debate con los votos de la bancada popular y a pesar del respaldo de los diputados socialistas.
Idéntico final han tenido las dos mociones del Partido Socialista, una pidiendo a la Diputación que potencie, amplíe, complemente y mejore las prestaciones que da a los Ayuntamientos a través del Servicio de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) y otra solicitando que el Pleno de la institución provincial recupere la delegación hecha en la Junta de Gobierno sobre la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de créditos.