La Diputación Provincial de Cuenca tiene la firme voluntad de rebajar en 2017 a los Ayuntamientos de la provincia el precio de cobranza del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR) por la prestación del servicio de recaudación voluntaria y ejecutiva de los impuestos municipales.
Iniciativa de la que ha dado cuenta el propio presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, a los representantes municipales de los Ayuntamientos de Quintanar del Rey, Iniesta, Villamayor de Santiago, Tarancón, Mota del Cuervo y Motilla del Palancar, a los que ha recibido este lunes en audiencia en el Palacio Provincial.
Prieto, que ha estado acompañado del vicepresidente de la Diputación, Julián Huete, les ha explicado que esta medida ha sido posible por dos grandes motivos: en primer lugar, por el nuevo convenio regulador de la gestión integral de los tributos locales de la provincia, que fue aprobado en el último Pleno ordinario y en el que se contempla como novedad esa posible revisión a la baja del precio de cobranza, así como por la actual situación de autofinanciación del OAGTR tras la buena gestión ejecutada en los últimos años.
El presidente ha puntualizado a los alcaldes y ediles presentes en el encuentro que por el momento no se ha determinado la cuantía concreta de la rebaja de este precio; algo que se producirá una vez se analicen las cifras arrojadas por el organismo autónomo al cierre del presente ejercicio, si bien sí ha querido asegurar que esta medida tendrá con fecha de efectos el 1 de enero de 2017.
En la actualidad, los Ayuntamientos están haciendo frente al pago del 3,5 por ciento de la recaudación en periodo voluntario y del 5% en vía ejecutiva. Porcentajes que se verán reducidos, lo que, a juicio de Prieto, permitirá que los municipios de la provincia puedan disponer de más recursos procedentes de sus tributos.
Hasta el próximo día 30 del presente mes de noviembre, los Ayuntamientos de la provincia tienen de plazo para remitir firmado a la Diputación el nuevo convenio con el OAGTR valedero para los próximos diez años, es decir, del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021; algo que ya han hecho decenas de municipios, que, según Prieto, han visto en este nuevo acuerdo una firme y decidida apuesta de la Diputación por una gestión más eficaz y equitativa de los tributos municipales
