La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Guadalajara y a otra en la localidad de Madrid por un presunto delito contra la salud pública, después de vender preservativos en mal estado procedentes de una partida de 800.000 que habían sido mandados a destruir a una empresa con sede en Guadalajara.
Los hechos fueron detectados por personal de la empresa fabricante de los profilácticos en un control rutinario efectuado en un supermercado de la localidad de Écija al comprobar mediante el número de lote que los mismos pertenecían a dicha partida de profilácticos que habían sido mandados a destruir, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa.
Estas 800.000 unidades habían sido mandadas a Guadalajara para su destrucción por diversos motivos. Así, parte de ellos tenían algún defecto de fabricación, incum
pliendo las medidas de seguridad e higiene dispuestas por la empresa fabricante, y otros lotes por estar caducados o próximos a caducar, por lo que ninguna de las unidades podía ser puesta a la venta.
Por ello, el fabricante mandó estos lotes a la empresa con sede en Guadalajara dedicada a la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos para su destrucción.
En un principio se detectó que una partida de 286.000 se había puesto a la venta, por lo que la compañía fabricante efectuó la correspondiente denuncia, iniciándose la investigación por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Guadalajara.
Fruto de esta investigación se ha procedido a la detención de dos empleados de la empresa encargada de la destrucción de estos profilácticos, que se pusieron de acuerdo con una tercera persona, propietaria de un almacén dedicado a la venta de stocks procedentes de liquidaciones y excedentes de producción y que fue la encargada de vender estos productos.
Se ha conseguido localizar e inmovilizar la mayor parte de estos profilácticos antes de su venta al público evitando de este modo «un grave riesgo para la salud pública».
Los detenidos, que carecen de antecedentes policiales, junto con los efectos incautados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
